La defensa del ex jefe de Asuntos Internos pidió nulidades y ampliar la investigación

La defensa del ex jefe de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) y de su pareja pidió ayer la nulidad de la imputación de ambos ex funcionarios citados a indagatoria para el próximo lunes, así como del allanamiento a las oficinas de ese organismo en La Plata y los peritajes que se hicieron a las computadoras y documentación secuestrados en esa oportunidad, informaron fuentes judiciales.

El planteo lo presentó ayer ante el juzgado de Garantías 1 de La Plata Marcelo Peña, defensor del ex titular de AGAI, Guillermo Berra, y de la ex encargada de Auditoría Patrimonial María Rosario Sardiña, acusados de “abuso de autoridad, concursando idealmente con el delito de peculado”.

La hipótesis que sostiene esta causa que instruye la fiscal Cecilia Corfield es que los imputados obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”; dicho en términos que entienden todos: espionaje.

Argumentan al respecto que “para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información, tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados”. Aluden al uso de vehículos oficiales y las claves de acceso pagas por el Ministerio de Seguridad para acceder a empresas encargadas del manejo de datos personales y confidenciales, como Nosis, dedicada a la elaboración de informes comerciales y patrimoniales.

“Con respecto al Nosis -contrapuso Peña en su escrito -si bien consultarlo no es delito, habré de mencionar algunas cuestiones: las consultas son ilimitadas, se paga un abono por mes, independientemente de la cantidad de consultas, por lo que no se diluye cuál sería el perjuicio al estado”. Y resalta que el servicio bajo la lupa “fue contratado por el ministerio de Seguridad bonaerense” entonces encabezado por el actual diputado nacional Cristian Ritondo, “para tres áreas: Inteligencia Criminal, Narcotráfico y Asuntos Internos”.

Según la defensa, Narcotráfico pidió unos 3.000 informes y Asuntos Internos alrededor de 1.400; en tanto que los solicitados por Inteligencia Criminal serían aproximadamente 40 mil, entre ellos los que corresponden a políticos, jueces y funcionarios, algunos de los cuales se presentaron como particulares damnificados.

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“Esto prueba que no hay delito y que Berra estaba avalado por quien era su superior inmediato”, recalcó Peña, sin pasar por alto que el Nosis “es un servicio que se puede pedir, incluso, a través de un celular. No es ilegal, es como un Veraz”.

Negó el defensor que haya evidencias de “espionaje o escuchas telefónicas”, convencido de que es “una vendetta a la que la Justicia le está haciendo el juego”.

Por último, Peña confirmó que tiene en su poder la factura de contratación del servicio Nosis por parte de Seguridad para el uso ilimitado de esos tres organismos, por lo cual solicitó que “si es necesario se amplíe la investigación a quienes corresponda”.

Las indagatorias a Berra y Sardiña están previstas para el próximo 29 de junio, a las 10 de la mañana. Días atrás el juez de la causa, Guillermo Atencio, rechazó el pedido de eximición de prisión para los acusados, en virtud de “la gravedad institucional” del delito imputado”.

La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, el ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía que dejó el cargo en 2016, tras ser denunciado por Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada.