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La medida tomada por el Gobierno Nacional tomada días atrás de prohibir en todo el territorio argentino las reuniones sociales provocó diferentes reacciones en las provincias. Mientras algunas tienen decidido controlar al máximo como Mendoza, otras como Corrientes parecen negadas a cumplir con el decreto presidencial.
“No es que se va a desacatar el decreto. Lo que dijo el Gobernador (Gustavo Valdés) es que se va analizar el tema. Seguimos en fase 5 porque los controles se mantienen bastante firmes y no hay mucha circulación de la gente. El gobernador dijo que estamos bien. Nuestra situación no es parecida a la de Resistencia (Chaco) o la del AMBA”, le indicó una alta fuente del gobierno correntino al diario Clarín.
La situación en Mendoza es totalmente diferente: desde la Gobernación anunciaron que controlarán las redes sociales con el objetivo de controlar posibles reuniones sociales y fiestas clandestinas. Entre Ríos, por su parte, fue más allá: “Vamos a garantizar el cumplimiento del decreto trabajando con las fuerzas de seguridad provinciales, federales y agentes municipales de cada ciudad”, indicaron desde el gobierno provincial. En línea con esos dichos, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, advirtió hoy que quien viole el decreto será “pasible de pena privativa de la libertad”.
Igualmente hay posiciones intermedias, como la de la provincia de Buenos Aires, en donde un vocero admitió en diálogo con la prensa que prohibir las reuniones “es una medida imposible de cumplir”, sin contar lo difícil que es probar la responsabilidad de alguien cuando proliferan los contagios en cierto domicilio.
Básicamente, “el delito que busca penar es prácticamente incomprobable”, frase en línea con otra más trillada que también dijo: “La peor medida es aquella que no se puede controlar”.
En Capital Federal, en tanto, indicaron: “Siempre se responde a las denuncias que pueden ingresar al 911 o al 147 sobre estas situaciones. Y también el personal que está en la calle trabaja con atención en el tema. Ya se han puesto a disposición de la Justicia muchas fiestas clandestinas en la Ciudad. Como siempre, se apela a la responsabilidad de los vecinos, para no echar por tierra lo logrado”.
En Santa Fe, por su parte, se anunció que la policía provincial volverá a trabajar con los municipios tal como ocurrió durante la cuarentena más restrictiva; en Córdoba, en tanto, los controles seguirán como hasta el momento y no habrá cambios significativos pensando en esta nueva prohibición.
Esta disparidad de criterios a la hora de reaccionar ante el decreto presidencial se extiende en el resto de las provincias, por lo que se verán diferentes realidades en nuestro país con respecto a este tema.
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