Bien se dijo en las primeras semanas de la pandemia en nuestro país, allá por marzo y abril pasados, que enfrentar el desafío del coronavirus era como ir leyendo un libro con las páginas en blanco, ya que todo era nuevo y desconocido, con una enfermedad que enfrentó a la población con la muerte y que obligó a tomar medidas en casi todos los campos del quehacer humano.

Sin embargo, pasaron seis meses y el tiempo parece suficiente como para tener en claro, al menos, algunos aspectos que hacen a la humanización de un proceso tan crítico y prolongado.

Estas consideraciones tienen que ver con el muy lamentable episodio que le tocó vivir al platense Claudio Parente, que el viernes pasado quiso despedirse de su padre que agonizaba en un hospital de Chivilcoy, pero que no pudo darle el abrazo final ya que no le permitieron ingresar a esa ciudad. Ello, a pesar de que había viajado con los permisos médicos y legales correspondientes. El padre falleció el sábado por la mañana, consignándose que no había contraído coronavirus sino que padecía Alzheimer.

Lo ocurrido después no hizo sino patentizar la desacertada actitud de las autoridades de ese distrito que le impidieron el paso. El vecino platense recibió el mismo sábado un mensaje del intendente de Chivilcoy diciéndole que podía ir a la ciudad, que se había tratado de un error y que le pedía disculpas por lo ocurrido.

Recibido ese mensaje, volvió a viajar desde La Plata y a la entrada de Chivilcoy el control existente en el ingreso no le requirió ningún documento ni le hizo ningún testeo para ingresar. De modo que, según dijo con justificado enojo, en esta segunda instancia ya no se lo consideró “contagioso” y pudo, entonces, arribar a la casa de velatorio para poder ver y besar por última vez a su padre junto a otros familiares directos, que son vecinos de aquella ciudad.

Lo ocurrido no fue el único caso. Hace veinte días murió Solange Musse, una joven enferma de cáncer a la que su padre no pudo ver por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia. El deceso se produjo en el Sanatorio Allende de la capital cordobesa, adonde había sido trasladada en muy grave estado desde la localidad de Alta Gracia.

El padre que vivía en Neuquén fue rechazado de mala manera por un control sanitario en Huinca Renancó, al sur de Córdoba y obligado a viajar allí mismo los mil kilómetros de vuelta, escoltado en el primer tramo por ocho patrulleros policiales. Fueron en vano todos los intentos por llegar a acompañar a su hija, que, poco antes de morir, al enterarse que no dejaban llegar a su padre junto a su cama escribió este texto: “Acuérdense, hasta en mi último respiro, tengo mis derechos”.

Se puede recordar también el caso de las hermanas Garay, a quienes la provincia de San Luis rechazó diez veces y les impidió abrazar a su padre en estado crítico por un cáncer terminal. En la provincia de Buenos Aires se registraron varios episodios similares, con vecinos platenses que quisieron asistir a parientes directos agonizantes o, inclusive, a participar al menos de las ceremonias mortuorias, siendo rechazados por controles locales de ingreso en distintas localidades del interior.

Cuando se presentan situaciones límite como las aquí descriptas, lo que se espera de las autoridades habilitadas para desempeñar determinadas funciones, es que dispongan de sentido común. Y que, eventualmente, las medidas dispuestas abran resquicios de sensatez frente a casos de semejante naturaleza. Seguir esgrimiendo razones epidemiológicas -a seis meses de iniciada la pandemia- para impedir a las personas que tomen contacto con sus seres queridos no parece razonable.

Situaciones como las aquí descriptas, que dejan fundadas dudas sobre el nivel de comprensión acerca de lo que significa para un paciente crítico la presencia cercana de los suyos, obligan a las autoridades a establecer reglas de juego que respeten la dignidad humana y el derecho de toda persona a despedirse de sus seres queridos.