La Justicia cubana condenó a 10 años de cárcel a uno de los manifestantes procesados de las protestas de julio pasado, lo que representa la mayor pena impuesta hasta ahora en estos procesos y se conoce cuando el Gobierno lanza advertencias ante una nueva convocatoria a protestas para mediados de noviembre.

El Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, un poblado a 35 kilómetros de La Habana, impuso a Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, la “sanción conjunta y única a cumplir de 10 años” de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir, sostuvo la sentencia.

La familia del condenado fue notificada esta semana de la decisión, que según los argumentos de la sentencia se basó en las declaraciones del policía local Jorge Luis García Montero, único testimonio reconocido por los magistrados.

La acusación sostuvo que Pérez lanzó una piedra que cayó sobre la muñeca del oficial, “ocasionándole escoriaciones que no requirieron asistencia médica”, y luego tiró otra piedra que impactó en una patrulla policial “que no presentó daños”.

Además, se lo condenó por no acatar la orden de confinamiento dictada en el marco de la pandemia de coronavirus. Activistas opositores al Gobierno calificaron la sentencia como excesiva y cuestionaron que solo se haya tomado en cuenta la palabra de un policía.

La madre de Pérez, Liset Fonseca, denunció que la larga pena de cárcel se debe a que su hijo participó de la ruptura de una fotografía del fallecido líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, durante las protestas de julio que sorprendieron al Gobierno en medio del peor momento epidemiológico por el coronavirus en la isla y de una profunda crisis económica, alimentada por la transición económica que impulsa el Ejecutivo y la parálisis del turismo por la pandemia, entre otras causas.

El Gobierno denunció que estas manifestaciones eran parte de una estrategia apoyada -sino impulsada- por Estados Unidos para desestabilizarlo; sin embargo, desde entonces introdujo varias reformas económicas en el mismo sentido de algunos de los pedidos que resonaron en las protestas.

En este contexto, grupos opositores convocaron a una nueva jornada de manifestaciones para el próximo 15 de noviembre.

Inmediatamente después el Gobierno cubano negó el permiso a las marchas opositoras de noviembre, con denuncias similares a las de julio pasado, y advirtió que “ni ahora ni en el futuro” el derecho del pueblo a manifestarse “puede utilizarse para subvertir el sistema político, el proyecto socialista, o establecer alianzas con grupos financiados del exterior”.

Poco después, la Fiscalía anunció que ya había iniciado una tarea de “apercibimientos” a varios convocantes, amparada en la decisión del Gobierno de prohibir las marchas.

Inicialmente, el llamado a marchar era para el 20 de noviembre, pero el Gobierno llamó para ese mismo día ejercicios militares y, por eso, la fecha de protestas se adelantó al 15.