La Cámara Federal de San Martín resolvió finalmente ayer que sea el juez de San Isidro Lino Mirabelli, y no su colega Sandra Arroyo Salgado -exesposa del fallecido fiscal de la AMIA Alberto Nisman-, quien intervenga en la causa que investiga si hubo incumplimiento de las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus durante la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en julio del 2020, en la Quinta de Olivos, y del que particpó el presidente Alberto Fernández.

La decisión fue adoptada por el juez de la sala primera del tribunal de apelaciones Marcelo Fernández, quien debió intervenir ante una disputa de competencia entre Mirabelli (juzgado federal 2 de San Isidro) y Arroyo Salgado (juzgado federal 1 de San Isidro) a partir de que las denuncias presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py pasaron a San Isidro.

Fernández resolvió “dirimir la presente contienda positiva de competencia en favor del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de San Isidro”, según consta en el fallo de 15 páginas.

compartido con el fiscal

El magistrado remarcó que comparte el criterio con el que se había expresado el fiscal ante ese tribunal, Pablo Quiroga, quien sostuvo que Mirabelli debía quedarse con la causa porque “se encontraba de turno el 1 de septiembre pasado, cuando la justicia federal capitalina declinó su competencia”.

Tanto el juez como el fiscal sostuvieron que no había razón para que el caso le quedara a Arroyo Salgado porque, si bien su juzgado había recibido denuncias previas por los mismos hechos, no había realizado ninguna medida para tenerlas por radicadas y, por el contrario, la fiscalía había opinado en esos hechos que debían ser enviados a Comodoro Py.

Fernández señaló que el fiscal ante la Cámara “descartó que nos encontremos ante un caso de excepción a ese principio, como puede ser la necesidad práctica de una mejor y más eficiente administración de justicia, puesto que señaló que, al 1 de septiembre pasado, el expediente FSM 11833/2021 no podía ser considerado como radicado en el Juzgado Federal 1 de San Isidro, porque hasta ese momento no se había practicado en él ningún acto de naturaleza instructoria, siendo el primero el auto dictado el 6 de octubre pasado -mismo día en que se expidiera sobre la solicitud de inhibitoria de su colega-”.

En esta causa son investigados el presidente Alberto Fernández, la primera dama y otras 8 personas “por haber participado del encuentro social que habría tenido lugar el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos, en aparente infracción a las normas dispuestas en el marco de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto N°260/20”.

La investigación la impulsó el fiscal Ramiro González cuando la causa todavía estaba en los tribunales de Comodoro Py, antes de que el juez Sebastián Casanello se declarara incompetente para intervenir por cuestiones territoriales.

Durante la investigación se sumaron once denuncias sobre la fiesta en la quinta de Olivos durante la estricta cuarentena. Pero todos esos hechos confluyen en la misma acusación.

Entre esas denuncias figuran permisos truchos de los invitados para transitar.