En la política argentina, un año puede representar una eternidad. En marzo de 2020, antes de la pandemia que cambió todo, Alberto Fernández gozaba de las mieles de la victoria electoral sobre Mauricio Macri y se dirigía a la Asamblea Legislativa con un mensaje moderado, de convocatoria al diálogo, ante una oposición que acababa de recibir un mazazo. Pero aquella situación se asemeja ahora a una fotografía sepia, que el Gobierno busca colorear con movimientos descoordinados.

El aturdimiento que provocó a la administración del Frente de Todos el escándalo del vacunatorio VIP, por tratarse de un daño auto-infligido, se reflejó en las palabras de Alberto Fernández en México, donde sostuvo que vacunar al que se adelanta en la fila “no es delito”, apelando a su experiencia jurídica pero ajeno al sentir de la sociedad argentina. En sólo un año, el mandatario completó así una parábola decreciente: de hablarle a todos, pasó a dirigirse sólo al núcleo duro.

El cuadro adverso al oficialismo terminó de plasmar ayer con las marchas del #27F en distintos puntos del país, con epicentro en la Plaza de Mayo, donde las consignas contra el Gobierno se hicieron sentir a las puertas de la Casa Rosada y coparon la escena dirigentes opositores como Patricia Bullrich. En cambio, otros referentes de Juntos por el Cambio no fueron de la partida: el alcalde Horacio Rodríguez Larreta regresa hoy de unas vacaciones familiares en Buzios, Brasil.

El dirigente mejor posicionado en las encuestas que tiene JxC no es partidario de este tipo de manifestaciones, pese a que el líder histórico del PRO, Mauricio Macri, las alienta desde su cuenta de Twitter. Aunque no tuvo la masividad que esperaban los convocantes, la movilización vigorizó la idea de que el control de la calle ya no es potestad sólo del peronismo. Y Alberto Fernández desactivó la marcha que sectores del oficialismo preparaban para apoyarlo frente al Congreso.

Sin embargo, pareció un repliegue táctico: antes que lo hiciera el Presidente, fue La Cámpora la que se bajó de la marcha del #1M. La conducción del kirchnerismo, que ejercen Cristina y Máximo Kirchner, optó por mantenerse a distancia del escándalo del vacunatorio VIP. La Vicepresidenta y el jefe de los diputados del FdT se recluyeron en Santa Cruz, donde recordaron a Néstor Kirchner el 25 de febrero –día de su cumpleaños- y recibieron la noticia de la condena a Lázaro Báez.

LA CONDENA DE LÁZARO BÁEZ

Ante el silencio de Cristina, tomaron la palabra algunos dirigentes de su entorno, como el senador Oscar Parrilli, quien sostuvo que a Báez lo condenaron por ser “morocho”; o el abogado Carlos Beraldi, que afirmó que el fallo fue “producto de operaciones de prensa”. El letrado, que integró la comisión de juristas que propuso cambios en la Justicia a Alberto Fernández, sumó otra frase que revela lo que siente la Vicepresidenta por estos días: “A Cristina no la van a quebrar”, advirtió.

La discusión jurídica en torno a si la condena por lavado de dinero a Báez, sus hijos y otros como el “arrepentido” Leonardo Fariña, es una causa precedente que la Justicia tomará en cuenta para juzgar a Cristina en causas como la que investiga la obra pública durante sus gobiernos, está a la orden del día. A su vez, el kirchnerismo insiste en reafirmar la teoría del Lawfare, según la cual la Vice fue perseguida políticamente cuando dejó la Casa Rosada y ahora sufre las consecuencias.

La situación de Cristina afecta irremediablemente la relación del Gobierno con el Poder Judicial. Alberto Fernández reclamó a “jueces y fiscales que hagan lo que deben hacer” ante la “payasada” que, según su opinión, representa la apertura de una causa que podría afectar al ex ministro caído en desgracia Ginés González García y a su sobrino Lisandro Bonelli, quien hacía las veces de jefe de Gabinete de la cartera sanitaria y es señalado como el “cerebro” organizador del vacunatorio VIP.

Al más alto nivel, se multiplican las señales de que el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema atraviesan un período de desconfianza. Tanto es así, que los jueces del máximo tribunal argentino decidieron no asistir mañana al Congreso para la apertura de las sesiones ordinarias y en cambio, seguirán el discurso del Presidente, vía remota, en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia. El oficialismo esperaba que al menos uno de los cinco supremos se apersonara en el Parlamento.

La presión que desde el Frente de Todos emana hacia la Corte, con versiones que sus dirigentes lanzan al ruedo sobre la posible creación de un tribunal de revisión de condenas, podría agudizarse con el discurso del Presidente, que se haría eco de la postura de Cristina. Los jueces supremos ya hablaron en la semana, con un fallo en el que volvieron a llamar la atención sobre la violación a los derechos humanos en Formosa, que pone al Gobierno en una posición incómoda.

EL DISCURSO PRESIDENCIAL

En el Congreso también aguardan un gesto de Alberto Fernández hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que cabalga sobre el proyecto para subir el piso del impuesto a las Ganancias como una forma de recuperar el terreno perdido por el oficialismo sobre la clase media. La iniciativa comenzará a ser tratada en comisiones desde el martes y se espera que sea aprobada en el recinto hacia mitad de mes, con algunos cambios para asegurarle una sanción de consenso.

El discurso del Presidente, en cuya elaboración participan el aislado jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario Gustavo Béliz y el asesor Alejandro Grimson, contendrá definiciones sobre la vacunación contra el COVID, el rumbo de la economía y la negociación por la deuda externa. El ministro Martín Guzmán estuvo el viernes en Olivos repasando los detalles técnicos del mensaje, mientras se prepara para viajar a Washington, donde se reunirá con el staff del Fondo Monetario.

La oposición, por su lado, hará hincapié en la pérdida de credibilidad de la palabra presidencial tras el culebrón del vacunatorio VIP, que todos los días agrega capítulos de bochorno al conocerse los nombres de dirigentes que recibieron la Sputnik V por afuera del protocolo establecido por el propio Gobierno. Aunque por el momento, el test positivo de la ministra Carla Vizzotti y el aislamiento de Cafiero dejan a la oposición sin la interpelación que reclama en el Congreso.

Ante un Gabinete disminuido en términos políticos, vienen en suba las acciones del ministro de Defensa, Agustín Rossi, a quien se le augura un probable ascenso que lleva a descartar la posibilidad de que sea candidato en Santa Fe. Pero más allá del déficit político, el desafío más importante que se le presenta al Gobierno es la escalada inflacionaria. A tal punto, que pergeñó dos bonos extra para los jubilados, porque la fórmula previsional es superada por los precios.

En este contexto político y económico se larga el año electoral. El oficialismo perdió buena parte de la potencia inicial que consiguió con la unidad de sectores peronistas que estuvieron enfrentados durante años. La retracción de sectores de la clase media que apoyaron a Alberto Fernández para castigar la deficitaria gestión de Macri, ante las dificultades económicas que provoca la pandemia y el escándalo del vacunatorio VIP, se verifica en todas las encuestas.

En tanto que a la oposición se le presenta el desafío de proyectar liderazgos que aún no están claros, ante la necesidad de evitar que el Frente de Todos se haga con la mayoría en la Cámara de Diputados. Ni unos, ni otros, tienen garantizado de antemano el favor de una sociedad herida por el coronavirus, la inflación, la pobreza y la inseguridad. Aunque a la luz de los últimos acontecimientos, el Gobierno se puso a la defensiva, a la espera de que la tormenta pase.