VIDEO .- Detienen a una concejal de Tartagal: la acusan de desviar donaciones destinadas a comunidades indígenas

Un fiscal penal imputó hoy a una concejal radical de Tartagal y a su hermana, que es defensora oficial, por administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, por el presunto desvío de donaciones destinadas a comunidades originarias del norte salteño en la emergencia socio-sanitaria declarada a principios de 2020.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que el fiscal interino penal 1 de Tartagal, Rafael Medina, imputó hoy a Paola Alejandra Díaz, concejal del radicalismo de 43 años, y a Rosa Fabiola Díaz, de 40, defensora oficial.

Los voceros detallaron que la primera quedó detenida y optó por declarar, mientras que para la segunda, quien solo fue imputada y suspendida, se abstuvo de declarar.

En este caso, el fiscal pidió el allanamiento de inmunidad al Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, por ser una defensora oficial.

El fiscal intervino de oficio días pasados ante la noticia de una posible venta de donaciones destinadas a comunidades originarias de la provincia. Lo hizo al conocer una entrevista periodística realizada a la denunciante, hermana de las dos acusadas, transmitida por el canal Video Tar, de Tartagal, y otros medios.

Ese mismo día, Medina dispuso las medidas, como una consigna permanente donde se encontraban las donaciones provenientes de distintas fundaciones.

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Asimismo, invitó a la denunciante a radicar una denuncia formal: la mujer la concretó en la Comisaría 45 de Tartagal y luego amplió en la sede fiscal.

Según la denuncia, en enero de 2020 las acusadas habrían recibido donación de mercaderías perecederas, ropa, zapatillas, alcohol en gel, agua mineral y pañales, entre otras cosas.

La mujer precisó que sus hermanas habrían mantenido ocultas las donaciones todo el año y hasta ahora para venderlas a negocios de la zona. Añadió que quisieron mantenerlas guardadas hasta que Paola Díaz se postulara como candidata a diputada provincial, "lucrando con dichas mercaderías para un beneficio propio".

La imputación señala que las acusadas tenían a su cargo "la administración y cuidados de los bienes provenientes de las fundaciones, llevando a cabo una administración fraudulenta de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel", pues la mercadería debía ser repartida "entre personas de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia wichi".

En el allanamiento, con auxilio de la fuerza pública, se secuestraron bidones y botellas de agua, ropa nueva y usada y zapatillas. Fuentes de la Defensoría General de la Provincia de Salta informaron que se dispuso un sumario administrativo contra la defensora investigada, quien fue suspendida por 30 días.

EL RECLAMO DE LAS COMUNIDADES

Unos 70 integrantes de las comunidades de pueblos originarios, entre ellos varios caciques, arribaron en la madrugada de hoy a Tartagal para exigir la inmediata entrega de la ayuda solidaria que dos funcionarias de Tartagal - ahora imputadas por el delito de administración fraudulenta por el juez de garantías Nelson Aramayo y una a punto de ser detenida- mantenían acopiada en su vivienda de Villa Saavedra.

Abel Mendoza, uno de los caciques presentes, habló con el portal El Tribuno y recordó que “a esta hora hemos llegado 70 personas entre caciques y gente de las comunidades pero estamos esperando que vengan otros hermanos. Nos hemos enterado lo que sucedió con estas dos mujeres y ahora lo que queremos es principalmente que la Justicia actúe para que nunca más, nadie usando el hambre y la necesidad de los wichís, cometa estos delitos”.