Una estructura tributaria que sirva para estimular y no deprimir a la economía

Economistas de relieve internacional advierten que la imposición de muchas cargas tributarias que promueven los gobiernos -que en algunos casos pueden llegar a ser abusivas por su monto o, antes que ello, significar una imposición impropia- pueden actuar negativamente para el Fisco, al restarle fondos a la actividad económica general y desalentar al consumo.

Este último pareciera ser uno de los fundamentos que sustentaría el proyecto legislativo presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para que dejen de pagar el impuesto a las ganancias quienes ganen hasta 150.000 pesos, sean trabajadores activos o jubilados. Tal como se informó, de aprobarse, la iniciativa beneficiaría de manera directa a casi 1.300.000 personas.

Tal como se dijo, de prosperar el proyecto, el cálculo es que 1.270.000 trabajadores y jubilados dejarían de pagar Ganancias, mientras que poco más de 100 mil, con remuneraciones de entre 150.000 pesos y 170.000 pesos, pagarían menos de lo que lo hacen actualmente. Mientras que unos 733 mil contribuyentes, con ingresos por encima de los 173.000 pesos, seguirían pagando como hasta ahora.

Al margen de las consideraciones particulares que merece el análisis de cada impuesto -el de Ganancias, por ejemplo, con algunos fallos constitucionales que han determinado su inconstitucionalidad en algunos casos de jubilados- a rasgos generales debe decirse que la presión fiscal desmedida es un factor negativo que puede incentivar el fenómeno de la evasión, iniciándose a partir de allí un callejón sin salida: de la elevada evasión puede derivar una menor recaudación, de modo que el Estado decide subir inicuamente las alícuotas o crear nuevos impuestos. Se trata de un círculo perverso, que perjudica en forma directa el desarrollo de la actividad económica y a la población en general.

Por dar tan sólo un caso ilustrativo, el año pasado se conoció un informe del Banco Mundial en el que se indica que las Pymes argentinas que pagan todos sus impuestos trabajan a pérdida. El trabajo reflejado por este diario reveló que si una empresa industrial nacional cumple con todo lo que le pide pagar el Fisco tiene que enfrentar una presión impositiva del 106 por ciento del neto de las ganancias, es decir, tiene que producir para perder. Y, además, en ese funesto y absurdo podio, la Argentina le saca varios cuerpos a otros dos países sudamericanos: Bolivia, con el 84 por ciento y Venezuela, con el 73 por ciento.

Una asfixiante presión impositiva -permanentes subas de impuestos, creación de nuevos gravámenes- planteada desde los estamentos del Estado nacional, provincial y municipal, con imposiciones que en algunos casos se superponen; aumentos en retenciones y “dólar solidario” que afecta a exportadores; incrementos en el Inmobiliario e Ingresos Brutos, suba de las tasas municipales, constituyen una suerte de marea fiscal que ahoga toda iniciativa.

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En el caso de los empresarios, entre otras circunstancias adversas, deben enfrentar las tasas las tasas de interés altísimas; la presencia de una economía informal que asciende al 50 por ciento de la operatoria; al hecho de que Provincia y Nación dejan de pagar certificados de obra a quienes están a cargo de la realización de obras públicas o a otros tipos de proveedores de servicios y que el mercado se encuentra deprimido y se vende menos, pese a lo cual los empresarios deben afrontar el pago de sueldos, cumplir con las cargas sociales y hacer frente al desfasaje financiero.

No se trata en absoluto de cuestionar el concepto de disciplina fiscal, que debe ser respetado por todos los contribuyentes y que es la base imprescindible de sostenimiento del Estado, que debe intensificar el combate contra la economía “en negro”, que en Argentina es operada a veces a la vista de todos y con el aporte de teóricos que justifican su dañina expansión.

Pero sí parece pertinente que las instituciones de gobierno, en especial las autoridades tributarias y los legisladores, analicen a fondo cuáles son la política y la estructura tributarias más convenientes, que no se desmadren ni respondan a emergencias o estrategias coyunturales y que, en cambio, sirvan para incrementar los niveles de recaudación y, además, fundamentalmente, para estimular y no para deprimir a la actividad económica general.