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La Fiscalía de ese país relaciona estos delitos con la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia
Ordenaron el arresto de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez / AFP
LA PAZ
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de detención contra la expresidenta derechista Jeanine Áñez y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de “sedición y terrorismo”, mientras la oposición denunció que hay una persecución política.
El ministerio público aún no se pronunció oficialmente sobre la medida, pero la televisión local emitió imágenes de la detención de dos de sus exministros: Alvaro Coimbra de Justicia y Rodrigo Guzmán de Energía.
Le exmandataria colgó en Twitter la resolución el fiscal junto al texto “la persecución política ha comenzado”.
Lidia Patty, exlegisladora del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), denunció en diciembre pasado que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios de exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento del izquierdista Evo Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
La exdiputada del MAS presentó la denuncia por los supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
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Camacho aún no tiene orden de aprehensión y tras los incidentes de la fecha mandó una carta al presidente izquierdista Luis Arce para decirle que “es una mentira” el discurso oficialista de que hubo “un golpe de estado” y lo acusó de practicar “persecución política”.
Acotó en la misiva que “los bolivianos no se quedarán de brazos cruzados ante el abuso” y aseguró que no dejará el país. Camacho ganó la elección del pasado fin de semana para gobernador de la rica región de Santa Cruz (este) con más del 55 por ciento de los votos.
Áñez, quien reemplazó a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas tras elecciones calificadas de fraudulentas y quien ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020, afirmó en Twitter que “el MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”.
La orden de los fiscales alcanza a sus exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa), Yerko Núñez (Presidencia), y los ya mencionados Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrígo Guzmán (Energía).
“El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura”, escribió Áñez en Twitter
Estos dos últimos fueron los primeros en ser detenidos ayer en la ciudad amazónica de Trinidad, capital del departamento del Beni, ubicada 600 km al noreste de La Paz, donde también reside Áñez.
“Nosotros hemos dicho que nos vamos a poner a disposición de la ley siempre”, dijo Coímbra al ser detenido e introducido en el vehículo policial, en declaraciones a Bolivia TV.
Previamente había protestado por la situación de Guzmán: “De manera ilegal y abusiva han detenido a Rodrigo Guzmán, exministro de Energías, por el caso armado de ‘golpe de Estado’”.
Se desconoce el paradero de Áñez, aunque imágenes de la televisión mostraban un fuerte dispositivo policial a las afueras de su residencia en Trinidad.
Los exministros de Interior y de Defensa salieron de Bolivia en noviembre de pasado y, según la Interpol-Bolivia, se encuentran en Estados Unidos.
La fiscalía también emitió órdenes de aprehensión contra los excomandantes de las Fuerzas Armadas William Kalimán y su sucesor, Sergio Orellana, así como el de la Policía Yuri Calderón.
Los expresidentes de Bolivia, el centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), rechazaron por separado las detenciones y órdenes de aprehensión. Ambos fueron actores claves para la transición del gobierno de Morales a Áñez en 2019.
“Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019”, dijo Mesa en Twitter.
Quiroga, por la misma vía, señaló que se “desata cacería revanchista” y al mandatario Arce le dijo que “eres un aprendiz de tirano”.
Un conglomerado de opositores había impulsado protestas en todo el país en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del oficialista Morales, quien buscaba un cuarto mandato.
Morales salió asilado a México y un mes después se fue a Argentina, donde estuvo refugiado hasta la llegada a la presidencia de Arce.
Un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Bolivia indagando lo sucedido a fines de 2019. (AFP)
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