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Se convierte así en el primer exmandatario francés sentenciado a una pena de prisión firme: dos años exentos de cumplimiento y uno de arresto domiciliario. Apelará el fallo
Nicolás Sarkozy
PARÍS
Nicolás Sarkozy se convirtió ayer en el primer expresidente francés condenado a una pena de prisión firme y aunque no irá a la cárcel su horizonte político se ensombrece.
El Tribunal Correccional de París que lo juzgaba por corrupción y tráfico de influencias cometidos en 2014 le impuso una pena de tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento, y el tercero en arresto domiciliario.
La corte impuso penas similares para el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, que además queda inhabilitado para ejercer su profesión durante cinco años, y para el magistrado Gilbert Azibert, ambos convictos por los mismos delitos.
Tanto Sarkozy (presidente entre 2007 Y 2012) como sus abogados y el resto de los acusados abandonaron la sala de inmediato sin hacer declaraciones, aunque luego hicieron saber que los tres recurrirán las condenas.
La abogada del expresidente, Jacqueline Laffont, se mostró indignada con un veredicto que “no aporta ninguna prueba” y se basa solo “en indicios”, al tiempo que señaló que su cliente está “tranquilo y determinado a apelar para defender su inocencia. La apelación deja en suspenso la aplicación de la pena.
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Antes de las palabras de la abogada, la esposa de Sarkozy, la exmodelo y cantante Carla Bruni denunció en las redes sociales el “ensañamiento sin sentido” contra su marido, a quien animó a proseguir el combate porque “la verdad saldrá a la luz”.
El veredicto es un mazazo para el exmandatario, alejado de la primera línea política desde 2016 pero muy respetado entre los conservadores franceses, y que ahora ve su influencia deteriorarse por los frentes judiciales.
Sarkozy supera a su antecesor en el cargo, Jacques Chirac, el primero en ser condenado, en 2011, pero nunca a penas de prisión firme y que ni siquiera se sentó en el banquillo de los acusados por su delicado estado de salud.
Además, en dos semanas volverá a los tribunales para el juicio por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2012 y los jueces siguen instruyendo la causa sobre si la campaña que en 2007 lo llevó al Elíseo contó con aportes ilegales del régimen libio de Muamar Khadafi, quien estuvo en el poder entre 1969 y 2011.
Su nombre aparece también en otros sumarios judiciales, como la indemnización pagada al exministro y empresario Bernard Tapie, el encargo de encuestas sin concurso público desde el Elíseo o en las ventas de helicópteros a Kazajistán y de armamento a Pakistán.
Otra condena en cualquiera de esos casos, reactivaría los dos años exentos de cumplimiento de la sentencia pronunciada ayer y podría hacer efectiva la entrada en prisión del Sarkozy, de 66 años de edad.
La presidenta del tribunal comenzó dando por válidas las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre Sarkozy y su abogado y que su defensa se había obstinado en invalidar a lo largo de la vista oral que tuvo lugar en diciembre pasado.
En esas escuchas reposaba lo esencial de la acusación, porque se desprendían los contactos entre Herzog y su amigo Azibert, entonces magistrado del Supremo, para obtener beneficios procesales en favor de Sarkozy en otras causas.
“Lo haré ascender”, decía en uno de esos audios el expresidente, dando a entender que se comprometía a hacer valer su influencia para conseguirle un importante puesto en Mónaco.
A partir de ahí, la sentencia establece que los tres acusados, por su formación de juristas, debían saber que estaban infringiendo la ley y da por buena la tesis de la acusación, de que existía un “pacto de corrupción”.
El veredicto considera que esta actuación es particularmente grave por el prestigio y las funciones de los tres acusados.
En el caso de Sarkozy, remarca la “particular gravedad” de los hechos “cometidos por un antiguo presidente que ha sido garante de la independencia de la justicia”.
“Se sirvió de su estatus de expresidente y de las relaciones políticas y diplomáticas tejidas desde el cargo para beneficiar a un juez que sirvió a sus intereses personales”, señala.
Hechos de tal gravedad que solo pueden ser condenados, concluye la sentencia, con una pena de prisión firme, aunque destaca que puede ser cumplida con un arresto domiciliario con vigilancia electrónica “dada su situación actual”. La sentencia tampoco ahorra críticas hacia los otros dos acusados, un prestigioso abogado y un alto magistrado, que a juicio del tribunal desacreditan la justicia.
Paradójicamente, en 2015 Sarkozy se oponía a que las penas superiores a seis meses de prisión pudieran ser morigeradas. (EFE)
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