El juego de presiones en torno a la negociación de la deuda bonaerense

Más allá de las sobreactuaciones, es probable que al mundillo financiero no le haya sorprendido la dureza del gobernador Axel Kicillof en la negociación de la deuda que tiene la Provincia con acreedores privados internacionales: es el mismo estilo que utilizó cuando le tocó ser el ministro de Economía de la expresidenta Cristina Kirchner y derivó en el cierre de un canje de acreencias en el año 2014.

Era la época en que, sentados del otro lado de la mesa, estaban los bautizados “fondos buitres”, el mismo tipo de actor al que se enfrenta ahora. Kicillof ya no los denomina así pero mantiene un eje épico-ideológico para explicar las demoras en cumplir con compromisos contraídos y estirar las conversaciones: se trata, detalla el Gobernador sobre la deuda en dólares bajo jurisdicción extranjera, de una de las consecuencias del “modelo neoliberal” aplicado en los cuatro años de gobierno macrista, que en el caso bonaerense encarnó María Eugenia Vidal, y él lo va a solucionar “pagando lo que se pueda pagar”.

Unas doce veces en el último año se fueron pateando las conversaciones con los acreedores para refinanciar vencimientos hasta que, en la última semana, un grupo de bonistas presentó una demanda judicial en los tribunales de Nueva York. Reclaman porque no se han pagado más de 200 millones de dólares en concepto de intereses que estaban comprometidos. Poco: el monto global de la negociación en marcha excede los 7 mil millones de dólares.

Fuentes del Gobierno explican que la postura de Kicillof y del ministro de Finanzas de la Provincia, Pablo López, apunta a conseguir las mejores condiciones de pago posibles, en términos de plazos, de intereses y de descuentos.

En efecto, a Axel le gustaría obtener una negociación más cercana a la que cerró el titular de Economía nacional Martín Guzmán con los tenedores de los bonos emitidos por el país, que a los acuerdos que vienen cerrando otras provincias con sus propios deudores.

Al menos ocho provincias reprogramaron los vencimientos de sus deudas y algunas más están en proceso de hacerlo. Se aclara: en ningún caso los montos negociados son tan millonarios como en el de Buenos Aires. Eso sí, muchos acreedores son los mismos. Kicillof estimaría que los descuentos obtenidos y las tasas de repago pautadas por sus colegas gobernadores -entre los que se cuentan peronistas y opositores- serían “impagables” para la realidad económica actual y a mediano plazo del distrito que él conduce.

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“Bonistas reclaman porque no se han pagado más de 200 millones de dólares en concepto de intereses que estaban comprometidos”

En la Gobernación ven la presentación de la demanda judicial neoyorkina como un mecanismo de presión y estiman que sería retirada si se alcanza un acuerdo. El diálogo no está cerrado, avisó el propio Kicillof en la mañana del último viernes. Como para dejar en claro que sigue teniendo “voluntad de pagar”. Y, además, falta ver qué reacción tendrá otro muy numeroso grupo de fondos de inversión que aún no ha dicho nada.

¿Hasta cuándo tensará la cuerda el Gobernador? Es verdad que no lo acompaña la economía nacional ni la confianza de los mercados internacionales en el gobierno de Alberto Fernández, desde que se dilata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri y se evidencia un avance notable de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el equilibrio de poder interno de la alianza gobernante. Por supuesto que esto no será admitido en público por los funcionarios de la Provincia.

Analistas del mercado estiman que, sin un cierre del capítulo “endeudamiento externo”, gobernar una provincia con tantos problemas estructurales como Buenos Aires podría tornarse complicado para el mandatario (en términos de ganar confianza y lograr acceso al crédito para motorizar la actividad económica privada) a pesar de la enorme asistencia financiera que tendría asegurada del gobierno nacional.

En este sentido, Kicillof maneja lo que voceros oficiosos definen como una “carta fuerte”: mucha obra pública programada para 2021, de pequeña y mediana envergadura, para generar trabajo rápido en el año electoral y recuperarse un poco de los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19.

Otras miradas más políticas no descartan que el Gobernador apueste a una lógica de conflicto permanente con los bonistas externos, aún a costa de más juicios en Nueva York, que le permita liberarse de compromisos monetarios inmediatos, en especial en este año de elecciones y a pesar de la profundización de la situación de default que eso implicaría. Fondos que irían a otros destinos, políticamente más redituables.

Esa idea también suena a presión, pero en este caso del lado del Palacio de la calle 6.