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Hay más de 20 mil que no van a ser implantados pero que tampoco pueden descartarse y están así en un vacío legal
Luego de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), especialistas en fertilidad y en derecho de familia llamaron la atención sobre el vacío legal en el que se encuentran más de 20 mil embriones congelados que nunca van a ser implantados por inviables o porque sus dueños no quieren llevar adelante un nuevo embarazo ni donarlos; pero que tampoco pueden ser descartados ya que no hay norma que prevea esa posibilidad.
En este contexto, la ley de IVE podría funcionar como un nuevo argumento legal para la obtención de autorizaciones judiciales que deriven en el cese de la criopreservación, una vía que habían encontraron al menos cuatro parejas en Argentina para el descarte de sus embriones antes de la aprobación de la norma.
Es que, siguiendo la máxima que indica que “quien puede lo más, puede lo menos”, la lógica señala que si es posible interrumpir un proceso gestacional hasta la semana 14, también debería poder hacerse con los embriones congelados.
“En Argentina hay al menos 40 mil embriones congelados; la mitad o menos tienen chance de ser transferidos porque los padres quieren tener más hijos, pero el resto van a quedar en una clínica para siempre”, dijo el especialista en reproducción asistida y director del Instituto Valenciano de Investigación (IVI Buenos Aires), Fernando Neuspiller.
Además, “alrededor de un 20% de los que tenemos guardados son embriones genéticamente anormales que no tienen ninguna posibilidad de sobrevida”, agregó.
Pero aún en estos casos no se pueden descartar y en consecuencia las clínicas se ven obligadas a sostener el costoso procedimiento de criopreservación de embriones cuyos propietarios “en algún momento dejan de pagar” porque no pueden o no quieren afrontar los 300 dólares anuales de costo de mantenimiento, pero tampoco donarlos a otras personas con problemas de fertilidad o intentar nuevamente un embarazo. “Para nosotros es un costo y una responsabilidad extra, porque yo termino siendo el tutor obligado”, dijo el tocoginecólogo cuya clínica realiza anualmente mil tratamientos de fertilización in vitro.
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El abogado magister en Derecho de Familia Federico Notrica explicó que perdió estado parlamentario el último proyecto de ley sobre protección de embriones no implantados que contemplaba el descarte y la donación para la investigación científica como otros dos destinos legales. Iniciativas similares vienen presentándose desde 2014 y la que más prosperó obtuvo media sanción de Diputados, pero nunca fue tratado por el Senado.
“Hay un vacío legal porque tenemos por un lado la ley 26.862 de cobertura (de técnicas de reproducción humana asistida), que cuando habla de embriones dice que se pueden criopreservar o donar a otras parejas siempre con fines de procreación, pero nada más”, sostuvo Notrica. “Es una deuda que tiene el nuevo Código Civil y Comercial que en sus disposiciones transitorias dice que se requiere una ley especial que proteja al embrión no implantado”, agregó.
La falta de legislación lleva a situaciones absurdas como la designación de un abogado como “tutor de embriones”, algunas de las cuales incluso atentan contra la salud o la dignidad de las personas. “Una vez, cuando ejercía la profesión, me vino a ver una pareja de unos 60 años que hacía 18 años habían tenido mellizos por técnicas de reproducción humana asistida, pero como ella no podía dormir pensando que tenían embriones criopreservados, pidieron al centro de fertilidad que los descarten. La única opción que les dieron es que ella se interne para transferirle los embriones que por su edad no iban a prender. Un delirio”, contó Notrica.
“Si una mujer puede voluntariamente abortar, tiene que tener el mismo derecho otra que se hizo un tratamiento de reproducción asistida y no quiere tener más hijos ni donar sus embriones congelados”, sostuvo a su turno Neuspiller. Para el médico, debería “poderse descartar embriones congelados apoyados en la ley IVE”, a falta de una legislación específica y en virtud de “un razonamiento de lógica pura”.
Se dan situaciones absurdas por falta de legislación. Algunas atentan contra la salud o la dignidad
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