Ahora el Gobierno hace pública su crítica a las detenciones en Nicaragua

En la posibilidad de un giro diplomático, la Argentina “llamó a consulta” a su embajador en Nicaragua luego que la semana pasada se abstuviera de acompañar una denuncia realizada en la OEA por los abusos cometidos por el régimen de Daniel Ortega. Una nueva detención perpetrada contra un precandidato presidencial en ese país, habría desencadenado la comunicación por la que ahora la Cancillería hace saber “la preocupación” del Ejecutivo por la grave situación institucional registrada en la nación centroamericana.

Ayer por tarde un comunicado conjunto de Argentina y México, el otro país que el pasado martes evitó denunciar los casos de violación a los derechos humanos perpetrados por el régimen sandinista, informó del llamado a “consulta” los embajadores en la República de Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich -hermano del actual gobernador de Chaco- y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, respectivamente, en medio de las “preocupantes acciones políticas-legales” llevadas a cabo por la administración de Ortega en los últimos días, que “han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.

Según se pudo averiguar, la determinación se tomó el último domingo cuando el gobierno nicaragüense ordenó la detención de Miguel Mora, otro de los postulantes a competir en los comicios de noviembre próximo (ver recuadro).

Ayer desde la Cancillería rechazaban que la nueva postura diplomática resulte contradictoria con la decisión tomada el martes pasado por el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, de fuertes vínculos con el kirchnerismo. Y para ello, reseñaron que cuatro días antes el canciller Felipe Solá había enviado una carta a su par nicaragüense, Denis Moncada, en el que le transmitió la “profunda preocupación” que generaron en la Casa Rosada las detenciones de dirigentes políticos en ese país devenidas de la crisis generada a partir de la reforma electoral anunciada en mayo pasado, y en la que también reclamaba la “inmediata liberación” de los apresados.

“La abstención se produjo porque la denuncia en la OEA se metía en cuestiones electorales y acá primó el criterio de la histórica no injerencia en esos asuntos. Pero en los considerandos sí se cuestionó el tema de las detenciones”, opinó ayer una calificada fuente de Cancillería consultada.

Asimismo, fuentes del Palacio San Martín adelantaron que entre hoy y mañana el representante argentino ante los organismos de la ONU afincados en Ginebra, Federico Villegas Beltrán, acompañará la “actualización” del informe de la alta comisionada de los DD HH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, con el que en marzo pasado había instado al régimen de Ortega a propiciar una mayor apertura política y había denunciado detenciones arbitrarias que marcaban “un deterioro en la situación de los derechos humanos y las libertades individuales” desde 2018 en ese país. Se trata, aclararon los informantes, de la confirmación de la postura argentina expresada hace tres meses en ese mismo ámbito.

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Empero, el pasado 15 de junio el representante del Ejecutivo ante la OEA, Raimundi, se abstuvo de votar en la OEA una resolución en la que unos 26 países condenaban las detenciones arbitrarias del régimen de Ortega. Horas más tarde el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo conocer su “decepción” ante la posición adoptada por nuestro país. En ese organismo multilateral, Argentina el año pasado también había evitado acompañar las denuncias por violación a los DD HH informadas en Venezuela pese que anteriormente había apoyado en la ONU los expedientes iniciados contra el régimen de Nicolás Maduro.

Lo cierto es que la falta de acompañamiento de Raimundi a la postura mayoritaria despertó algunas suspicacias. Una fuente consultada adujo que habría recibido una sugerencia de un emisario de Cristina Kirchner para no ir detrás de la denuncia promovida por el titular de la OEA, Luis Almagro, que es cuestionado por el oficialismo por haber favorecido presuntamente la insurrección político-militar que tumbó del poder a Evo Morales de Bolivia, en 2019. “No habló Cristina con él. Solo Felipe (Solá) tiene contacto”, explicaron cerca de la Vicepresidenta.

Cerca del ministro de relaciones exteriores también cuestionaron la actuación del uruguayo Almagro, que habría promovido en el organismo a unos “cuatro dirigentes del macrismo” y “siempre se manifiesta con parcialidad” en la búsqueda de resolución de conflictos regionales.

Solá había coordinado el comunicado conjunto conocido ayer con su par mexicano, Marcelo Ebrard. Y también habría mantenido contacto con Villegas Beltrán para mantenerse al tanto de las nuevas denuncias presentadas en en el marco de la ONU.

Nicaragua elegirá presidente el próximo 7 de noviembre y, al parecer, Ortega buscará un nuevo mandato. Gobierna desde 2007 y fue partícipe del proceso revolucionario que tuvo lugar en aquél país a fines de los años´70. Paradójicamente, algunos de los dirigentes detenidos en las últimas semanas habían participado de la lucha revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional.