Un fiscal intimó a Vizzotti a no modificar el contrato con AstraZeneca

La Justicia no quiere que el Gobierno nacional modifique los términos del contrato con AstraZeneca, el cual está siendo investigado por la presunta comisión de supuestas irregularidades.

Según se informó, el fiscal Guillermo Marijuan intimó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que no aplique ningún cambio al vínculo con el laboratorio ante la demora en la entrega de las vacunas acordadas.

La Fiscalía no quiere que ante el retraso que existe en la provisión de las dosis el Gobierno pueda firmar una prórroga cuando en realidad lo que correspondería sería aplicar una multa por el incumplimiento de los plazos acordados.

El Gobierno le compró a AstraZeneca un total de 22.429.842 dosis, por las que abonó el 55% de esa cantidad. Sin embargo, hasta el momento recibió casi 3 millones de vacunas, lo que representa un poco más del 10% de lo acordado.

Ese incumplimiento es el que Marijuan está investigando y de ahí el requerimiento a Vizzotti que no modifique los términos del contrato sin previo aviso a la Fiscalía.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó que "el período de inicio de cumplimiento para la entrega de vacunas se pactó para el primer semestre de 2021, con lo cual las entregas registradas se encuentran dentro del período de cumplimiento previsto". Pero también habló de "la demora en la entrega de vacunas".

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Y dado que el plazo de cumplimiento está por finalizar, el fiscal quiere evitar que el Gobierno le conceda una prórroga al laboratorio cuando en todo caso lo que correspondería sería aplicarle una multa por incumplimiento de lo acordado.

Pero no es es sólo lo que la Fiscalía está investigando, ya que también se está observando la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública por parte del presidente Alberto Fernández, el ex ministro de Salud Ginés González García, su sucesora, Carla Vizzotti, y otros dos funcionarios.

Ahí es donde ingresa otro actor, el empresario Hugo Sigman, propietario del laboratorio mAbxience, que tuvo a su cargo la producción del antígeno de la vacuna de AstraZeneca, exportado luego a México para ser envasado.

Sigman tiene una histórica relación con el kirchnerismo, pero también hay otro elemento que está siendo investigado y es que la funcionaria designada para llevar adelante las frustradas negociaciones con Pfizer para adquirir vacunas, Sonia Tarragona, anteriormente trabajó para Sigman, potencial competidor de Pfizer a través de su vínculo con AstraZeneca, lo cual podría significar una violación a la Ley de Etica de la Función Pública.