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Está claro lo que significa para el desenvolvimiento de las distintas actividades del país disponer de bases estadísticas certeras, despojadas de dudas, en una realidad que puede servir para un más preciso acercamiento al objeto que busca ser conocido.
En este sentido, desde hace varias décadas, desde esta misma columna, se ha llamado la atención en forma reiterada acerca de la importancia que tiene para toda gestión contar con datos que se vean afianzados por la mayor exactitud posible. Pero cuando de esas informaciones dependen políticas que apuntan a mejor defender la vida de las personas, como ocurre con el tránsito, ese cumplimiento pasa a ser esencial.
Dentro de este contexto es que acaban de conocerse dos cifras estadísticas que difieren en su magnitud, relacionados a la cantidad de muertos causados por el tránsito en las rutas y calles de nuestro país. Tal como se informó ayer, mientras para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fueron 3.798 las personas que perdieron la vida el año pasado en Argentina, para la asociación Luchemos por la Vida fueron en cambio 5.927 en total.
Desde la Agencia oficial se cuestionó duramente la metodología empleada por la entidad –utilizan, dijeron, “fuentes y metodologías desconocidas”-, en tanto que de la institución privada, si bien no pertenece a los cuadros gubernamentales, podría decirse que ha venido actuando con seriedad en el seguimiento general de los problemas del tránsito.
En cuanto a la Agencia oficial, no se le niega veracidad, aunque resulta difícil no reseñar casos en los que organismos del Estado dedicados a la recolección de datos actuaron en forma subjetiva, alejándose de los parámetros objetivos que debieron ser respetados en los conteos.
Sin intentar un parangón con la Agencia vial oficial, corresponde recordar que hace varios años se sumaban los reclamos por los informes mensuales del Indec que, vale recordarlo, generaban objeciones consistentes. Las protestas se multiplicaron hasta tal punto que altas autoridades económicas llegaron a expresar que las estadísticas ofrecidas por ese organismo no sólo le quitaban seriedad a la tarea del Gobierno, sino que ya “causaban hilaridad”.
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Más allá de que esta divergencia ocasional debiera quedar absolutamente aclarada, ya que las cantidades expresadas marcan diferencias excesivas, lo que va quedando en claro en estas jornadas es que salir a las rutas durante los períodos de vacaciones implica, muchas veces, jugarse la vida. La cantidad de accidentes y de víctimas sigue creciendo y, por eso mismo, debe enfatizarse una y otra vez la necesidad de adoptar recaudos extremos y de aplicar controles eficaces para atenuar los riesgos.
Las infracciones deberían castigarse con todo rigor, sin caer -por supuesto- en una arbitraria cacería de automovilistas. Y, al mismo tiempo, deberían intensificarse las campañas de concientización para generalizar, por ejemplo, el uso de los cinturones de seguridad no sólo entre los conductores sino en todos los ocupantes de un vehículo. Y acentuar los controles de alcoholemia, entre otras acciones.
En la medida en que se logre avanzar para instalar una cultura de la precaución, se podrán revertir los tan elevados índices de siniestralidad y mortalidad en el tránsito. Se debería insistir en que conducir un vehículo en rutas y calles de nuestro país supone una obligación de extrema prudencia y, a la vez, una enorme responsabilidad. Se trata, ni más ni menos, que de cuidar la propia vida y la de los demás.
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