La “malquerida” de la política que terminó no pudiendo eludir su destino

Los intendentes peronistas del Conurbano no se andan con vueltas. Ponen un objetivo en la mira y actúan en consecuencia aun exponiéndose a pagar costos políticos y someterse a miradas críticas de distintos sectores de la sociedad. Lo volvieron a demostrar sin disimulo a través de sus terminales en la Legislatura: empoderados como quedaron luego de la remontada con tono de épica en las elecciones de noviembre, poco tardaron para ir y cobrar por ventanilla.

Esta vez el objeto de deseo fue la ley que les impedía competir por un nuevo mandato en 2023. Presionaron y se la sacaron de encima con una enmienda que tiene sabor a comienzo del final: no pocos creen, incluso algunos legisladores lo terminaron blanqueando en el debate, que se hayan dado las primeras paladas de la sepultura en la que terminará descansando por siempre aquél plan pergeñado por María Eugenia Vidal para ponerles un freno a las reelecciones indefinidas.

Esa habilidad de poner la cara y embestir sobre la ley malquerida de la política que parece condenada a no poder torcer su destino, no contó con el empuje solitario del peronismo territorial. El radicalismo y sus casi 40 intendentes fueron otro factor de presión para quitar el cepo. Y los alcaldes el PRO, que paradójicamente aterrizaron en distritos grandes del Conurbano enarbolando las banderas de la lucha contra los liderazgos caudillescos del PJ, sucumbieron a la tentación que supone poder seguir cobijados al calor del poder. La actitud corporativa apenas encontró el pataleo de los vidalistas y del Frente Renovador.

Obviamente que la mirada escrutadora se posa sobre los intendentes. Pero habría que recordar que también se levantó la prohibición para diputados y senadores que no iban a poder presentarse en 2023. Habrá que ver cuántos de ellos terminaron construyendo su propio salvoconducto.

El poderío e influencia del peronismo del Conurbano en el gabinete de Axel Kicillof se han tornado por demás notorios desde el arribo de Martín Insaurralde a la Jefatura de Gabinete. En alianza con Máximo Kirchner, no paran de ganar influencia. Acaban de ratificar a Humberto Vivaldo en el directorio del Banco Provincia y designar al ex intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, a la cabeza del poderoso holding que nuclea a las empresas de la entidad crediticia provincial. Dato al pasar: Menéndez, no opuso resistencia a la llegada de Máximo a la presidencia del PJ bonaerense a quien recibió con pompas y honores.

El matancero Fernando Espinoza, a través de Daniel Barrera, se aseguró otra de las sillas en el directorio. Además, los alcaldes controlan la Legislatura donde manejan recursos cuantiosos y conducen el estratégico ministerio de Infraestructura con Leonardo Nardini a la cabeza.

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Kicillof ha sido obligado a convivir con esa extraña realidad. También, en parte, a padecerla. Tentado en avanzar entre tanto tumulto de entendimiento estudiado, creyó ver la hendija por donde colar una designación estratégica: la de Federico Thea en la presidencia del Tribunal de Cuentas. Es un organismo clave que audita e incluso aplica sanciones a funcionarios por lo que hacen con los dineros públicos. Thea es un abogado y kicillofista puro, del núcleo de confianza del Gobernador. Pero su pliego no pasó el filtro del Senado. Su designación no formaba parte del capítulo del entendimiento por el límite a las reelecciones y la sanción del Presupuesto y la ley Impositiva en el que habían trabajado Insaurralde, los radicales e varios intendentes del PRO . Y sin ese paraguas, la designación quedó atascada en los intersticios de la Cámara alta.

Marzo seguramente escribirá nuevas páginas de estos enjuagues frenéticos de los últimos días del año pasado. Kicillof tiene decidido cubrir las tres vacantes que existe en la Suprema Corte y trascendió que hubo sondeos con sectores de Juntos para ofertar uno de esos lugares.

¿Formará parte de esos movimientos la Procuración? Kicillof busca por todos los medios la salida de Julio Conte Grand. En las últimas horas se le escuchó decir que hubo una promesa incumplida de Vidal en el sentido de que facilitaría la creación de la vacante en el organismo judicial que hace las veces de jefe de defensores y fiscales. Hace ya varios meses, en medio de otras de las embestidas del Gobierno contra el funcionario designado por la anterior administración de Cambiemos, trascendió que se le habría propuesto al PRO, a cambio de la salida de Conte Grand, designar al Subprocurador, un cargo que ocupa desde hace décadas Juan Angel De Oliveira. ¿Se reeditará la propuesta?

“La actitud corporativa apenas encontró el pataleo de los vidalistas y del Frente Renovador”