Interna oficial ¿y renuncia?: en medio del conflicto mapuche en el Sur

El desalojo de la ocupación ilegal de tierras por parte de grupos mapuches en Villa Mascardi, Bariloche, desató una nueva crisis en el Gobierno y derivó ayer en fuertes rumores de renuncia de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Fuentes de esa cartera aseguraron que la funcionaria le presentó su dimisión al presidente, Alberto Fernández, pero hasta el cierre de esta edición quedaba por verse si el mandatario se la acepta o no.

Antes, Gómez Alcorta había denunciado “graves violaciones a los derechos humanos” contra las siete mujeres detenidas en el operativo que el martes concretó un comando de 250 efectivos federales, que acataron una orden judicial, pero al mando del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Casi en simultáneo, diputados nacionales del Frente de Todos criticaron el desalojo en la zona usurpada a través de un proyecto de resolución con el que repudiaron “el violento operativo desplegado por la Justicia Federal y las Fuerzas de Seguridad.

La interna oficial había quedado al descubierto en la mañana de ayer, cuando la ministra de las Mujeres habló de una situación “sumamente preocupante” y, por medio de un escrito que presentó en la Justicia, cuestionó la detención de “siete mujeres indígenas, dos con sus hijos pequeños, una embarazada de 40 semanas y otra que es una ‘machi’ o líder espiritual de la comunidad” Lafken Winkul Mapu, en referencia a Betiana Colhuan.

Especialmente, Gómez Alcorta había apuntado contra el traslado de cuatro de las detenidas a la cárcel de Ezeiza: “Es gravísimo. Las trasladan a 1500 km de donde viven, sin haber tenido contacto con un abogado, sin haber tenido contacto con nadie. Y lo más grave es que aún hoy no se sabe qué es lo que se les imputa”, reprochó.

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“Le apunta a la Justicia, no a Seguridad”, habían coincido en el entorno de la funcionaria y en la Casa Rosada, donde no obstante no disimularon su malestar por la vehemencia de los dichos: “Pareciera estar hablándole a su propia tropa”, dijeron.

Cerca de Aníbal Fernández, en tanto, insistían en defender el operativo en el que, machacaron, “no hubo represión ni se usaron armas letales” para liberar las propiedades usurpadas (muchas de ellas destruidas e incendiadas) durante más de cinco años. Como se dijo, el saldo de ese gran procedimiento, que involucró vehículos de guerra, gendarmes y efectivos federales fueron siete mujeres detenidas con sus hijos (luego entregados a sus familias), en tanto que hombres de la comunidad mapuche con pedido de captura huyeron por la parte montañosa del terreno.

La primera reacción a esas detenciones se tradujo en ataques a iglesias en la Patagonia, el bloqueo al paso del tren “La Trochita” en Chubut y manifestaciones en la sede policial de Bariloche donde en primera instancia se recluyó a las mujeres.

En ese contexto, la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro advirtió: “No ha habido intervención del Ministerio de Mujeres”. Fue a ese reclamo que ayer respondió Gómez Alcorta para terminar de abrir otra cisma al interior del Gobierno.

En una Casa Rosada convulsionada y sin una postura unánime algunas voces oficiales destacaban que “el operativo fue bueno; la que está actuando mal es la Justicia” y reprochaban que “quizá lo ideal hubiera sido que (la ministra) evitara salir a hablar embarrando todo”.

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El propio ministro de Seguridad, tras los dichos de Gómez Alcorta, distinguió en Twitter: “Hubo una semana de trabajo previo de preparación para resolver el tema de la usurpación. Funcionó y no entramos con armas letales. Hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo”.

Lo cierto es que en buena parte del kirchnerismo hubo malestar, como lo evidenció el proyecto de la diputada Mónica Macha, repudiando “el violento y desproporcionado operativo desplegado por la Justicia Federal y las Fuerzas de Seguridad” para desalojar a los mapuches “de sus tierras ancestrales” y exigiendo “la inmediata liberación de las detenidas”. La iniciativa se conoció casi a la par que arreciaban las versiones sobre la renuncia de Gómez Alcorta, que sería reemplazada por María Cristina Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad.