Grave conflicto institucional: Nación no acata el fallo a favor de CABA

En el marco de una fuerte jugada política que preanuncia un nuevo y serio conflicto de poderes, el Gobierno decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que eleva a 2,95 por ciento el monto de las transferencias por Coparticipación Federal para la Ciudad de Buenos Aires tras el recorte que le hizo en septiembre de 2020. Lo consideró de “imposible cumplimiento”. La decisión se adoptó durante la reunión celebrada ayer en Casa Rosada entre el presidente Alberto Fernández y un grupo de 14 gobernadores peronistas, quienes habrían inclinado la balanza en este sentido.

Más allá de la cobertura legal que hasta bien entrada la noche consensuaron en el comunicado oficial funcionarios de la Rosada -como la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos-, con los mandatarios provinciales, se trata de una respuesta política de impredecibles consecuencias a una decisión judicial del máximo tribunal. Le apuntan a que favorece los intereses “electorales” de Horacio Rodríguez Larreta “quitándole recursos a todas las provincias”.

La decisión fue el resultado de la tensa y larga reunión que el Presidente mantuvo pasado el mediodía de ayer con Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zilotto (La Pampa), Mariano Arcioni (Chubut), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja) más otros cuatro mandatarios que estaban conectados por videollamada, entre ellos el chaqueño Jorge Capitanich, que en la noche del miércoles ya le había pedido al jefe de Estado que desconociera el fallo de la Corte.

LEA TAMBIÉN

La oposición criticó al Presidente y presentará una denuncia penal

Mientras, la oposición recogió el guante y salió a cuestionar a Alberto Fernández. “Señor Presidente los fallos de la Corte se acatan. Su irresponsabilidad es de extrema gravedad. Vulnera la ley y la Constitución y genera cada vez mayor inseguridad jurídica e incertidumbre. La solución a nuestros problemas es respetando las reglas de juego, no a la inversa”, disparó, por ejemplo, Maxi Ferraro, diputado y titular de la Coalición Cívica.

LOS ARGUMENTOS OFICIALES

El primer gobernador que salió a dar a conocer la polémica decisión fue Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien aseguró en su cuenta de Twitter que, tras la reunión con el jefe de Estado, todos coincidieron en que la resolución del alto tribunal “tiene una mirada unitaria, netamente centralista del país, que es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional”. El gobernador patagónico, asimismo, argumentó “es claro que suspender la aplicación de una ley del Congreso y ordenar a la Nación a otorgar el equivalente a 2,95% de fondos coparticipables, ha sido una decisión para beneficiar a Larreta y perjudicar a las provincias y a la Nación”.

Es que parte del argumento político del oficialismo es que con dicha resolución se vulnera el federalismo al beneficiar a “la ciudad más rica del país” en detrimento del resto de las jurisdicciones. Pero la sentencia conocida el miércoles daba cuenta que no se verían vulnerados recursos de las provincias ya que los montos se actualizarían con fondos que corresponden a la Nación en la “distribución primaria” de lo recaudado con los tributos coparticipables.

Sin embargo el comunicado oficial conocido anoche, firmado por el Presidente y 14 gobernadores -no participaron ni firmaron el comunicado dos mandatarios peronistas que gobiernan provincias grandes como Córdoba (Juan Schiaretti) y Santa Fé (Omar Perotti), considera a dicho argumento como “completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación” y estimó a los fondos adicionales destinados a la CABA en $180 mil millones.

LEA TAMBIÉN

Kicillof, duro contra la sentencia: “Es una verdadera inmundicia”

En el peronismo remarcaron que la Corte elaboró un fallo “político” que fue emitido “de cara al año electoral” para supuestamente favorecer los intereses del precandidato presidencial del PRO, por lo que el Presidente instruyó a los “organismo pertinentes”, léase la Procuración del Tesoro a cargo del kirchnerista Carlos Zannini, a “recusar a los miembros de la Corte Suprema” y a presentar una revocatoria de la cautelar dictada el miércoles 21.

EN “REBELDÍA”

Se trata de una jugada arriesgada dado que algún tribunal podría declarar en “rebeldía” al Presidente por no acatar un dictamen del máximo tribunal. Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno, aducen que la Corte se involucra en temas que no le competen, como el presupuesto, y que al Ejecutivo le es “imposible” adecuar la ley de leyes para cumplir con la erogación que debería destinarse a las arcas porteñas.

Con el conflicto de poderes desatado, habrá que esperar los próximos pasos de los cuatro ministros del máximo tribunal. En principio, podrían rechazar la recusación pedida por el Ejecutivo. En el Palacio de Tribunales suelen recordar que “se puede cuestionar un fallo de la Justicia de distintas maneras, lo que no se puede es evitar las consecuencias”. También alertan que esta decisión podría alterar a los mercados porque se pondría en tela de juicio la propia “seguridad jurídica” del país.

En la jefatura de Gobierno porteño, en tanto, al cierre de esta edición analizaban “los pasos a seguir” en respuesta a la determinación del oficialismo. Rodríguez Larreta se había comprometido “a bajar impuestos” una vez confirmada la suba en los ingresos vía la actualización de la Coparticipación.

LEA TAMBIÉN

Larreta da su postura y sesiona la Legislatura