La Plata, capital nacional de la toma de tierras

Escribana – Docente Universitaria

La toma de tierras en el Partido de La Plata desnuda la irresponsabilidad del Estado respecto del territorio; la vulneración de los derechos a la vivienda digna, a la salud, al ambiente, a la educación, a la seguridad de las personas que van a habitar las tierras tomadas y también los de las personas que habitaban el Municipio previo a las tomas.

Implica una vulneración directa del derecho a la propiedad privada de propietarios, titulares de dominio de los inmuebles usurpados; y, lo fundamental, el derecho a la vida de todas las personas -las que estaban y las que llegan-. La tragedia de las inundaciones en La Plata del año 2013 así lo demuestra.

Debemos mencionar y denunciar públicamente algo que no es casual: la toma de tierras no es la reacción espontánea de las familias que necesitan solucionar su problema habitacional y recurren a esa práctica para acceder a la vivienda. Es una acción planificada desde el frente político que ejerce el poder en la Provincia de Buenos Aires. No es otra cosa que la ejecución de una práctica electoral tanto simple como nefasta.

“Implantación” de personas

Se trata de la “implantación” de personas en un Municipio donde el kirchnerismo no gana elecciones. Implica la vulneración de los derechos políticos de las personas que habitan ese lugar previo a la “implantación” de las nuevas familias en el territorio, y de los derechos políticos de las personas que son “implantadas”, aprovechándose de su vulnerabilidad.

En Argentina, el 40 por ciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y el Gobierno no hace más que seguir aprovechándose de su condición.

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Las consecuencias de esa práctica política tan precaria se pueden sintetizar, además de lo ya referido a los derechos políticos, de la siguiente manera: el comienzo de toda vulneración de derechos está en la acción o la omisión del Estado que es el que debe garantizar su operatividad.

La falta de planificación e intervención estatal en el territorio tiene como consecuencia directa la precariedad o la inexistencia del espacio público en sus dimensiones tanto física como simbólica, y el deterioro de la calidad de vida de las personas que lo habitan.

Flagelos

Frente a esto, los actores que le disputan el territorio al Estado también se activan, y aparece el narcotráfico, la trata de personas y todas las manifestaciones del crimen organizado.

Reiteramos, estas prácticas no garantizan la efectividad de ningún derecho sino que, por el contrario, los vulneran todos. La población de la mayoría de las 260 asentamientos que hay en el distrito habitan viviendas de chapa y cartón, no tienen luz, agua corriente ni cloacas, todo lo cual no se condice con el derecho a la vida digna que establecen los instrumentos de protección de derechos humanos que integran nuestro bloque de constitucionalidad.

La falta de cloacas y agua potable no es la única muestra de la vulneración de su derecho al ambiente sano: tampoco hay centros de atención sanitaria ni escuelas, ni fácil acceso al transporte público. Pero además, deterioran ese territorio que ocupan porque este no está preparado para mitigar el impacto de su presencia.

Impacto en la calidad de vida

Las personas que no habitan los asentamientos también ven afectada su calidad de vida. Desde la conflictividad social que el fenómeno provoca (hay 33 causas judiciales iniciadas por la cuestión), el impacto en el ambiente y en los servicios públicos como la salud, la seguridad, y el derecho a la propiedad privada de quienes han invertido en los inmuebles usurpados.

Es por ello que la coordinación entre el Municipio y la Provincia es imprescindible para dar una solución a esta problemática. Es la existencia de lo público, es decir, la identidad simbólica del espacio común de convivencia, lo que está en juego. “Implantados” versus “desplazados”. Unos por su condena a la marginalidad, que no es lo mismo que pobreza. Los otros, por sentir la decepción de que su responsabilidad con lo público -cumpliendo las normas, pagando impuestos, respetando las decisiones de las autoridades- no es ecuánime y hay quienes pueden eludirla. La consecuencia de no atender ese fenómeno es la anomia, es decir, el fracaso del Estado.