La Corte resolverá la pelea por los fondos porteños

El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires no llegaron a un acuerdo por la coparticipación. Y al concluir sin éxito la ronda de negociaciones, ahora será la Corte Suprema la que tendrá que definir el tema.

La discusión comenzó cuando la administración de Alberto Fernández le quitó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta un porcentaje de su coparticipación en septiembre de 2020.

El máximo tribunal interviene a partir de una presentación de Rodríguez Larreta, luego de que en plena pandemia de Covid-19, el presidente Alberto Fernández anunció la quita por decreto de un 1,18 por ciento de los fondos coparticipables que recibía la Ciudad (tras un aumento decretado por Macri) para destinarlos a la Policía Bonaerense en medio de un conflicto salarial.

La quita de fondos se profundizó luego a través de una ley, que estableció que Nación debía abonarle ya no un porcentaje de la coparticipación sino una suma fija a la Ciudad, en concepto de la compensación por la transferencia de la seguridad.

Ayer los equipos de la Nación y la Ciudad se reunieron en el Ministerio del Interior, donde se oficializó el no entendimiento. Así, la controversia deberá ser resuelta por la Corte.

“Si bien habíamos hecho un avance muy importante en dos aspectos importantes, como los mecanismos de liquidación y transferencia y el método de actualización de los montos, no llegamos a un acuerdo por el monto y desde la Ciudad no podemos renunciar a los recursos necesarios e imprescindibles para la Seguridad”, dijo el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

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“Desde Nación vimos varios ataques a la Ciudad”, acusó Miguel, y detalló que la quita de coparticipación “fue claramente uno” de ellos. “Independientemente de eso, nosotros estamos convencidos de lo que se firmó en su momento, que el traspaso se hizo con rigurosidad y correctamente y eso había que respetar”, continuó.

Por su parte, el ministro del Interior Eduardo De Pedro sostuvo en su cuenta de Twitter que “a pesar del esfuerzo manifestado desde el Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo, y en el marco de la ley, por el monto del traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, hoy cerramos la etapa de negociaciones solicitada por la CSJN sin arribar a una solución conjunta”.

Y agregó: “Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias”.

“No podíamos mantener una decisión del gobierno de Macri que atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias además del empleo en todo el país, mientras vemos cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires”, concluyó.

El gobierno nacional se apoya en los gobernadores del resto de las provincias para ratificar su postura. Ya los había convocado el 30 de marzo para emitir una dura declaración contra las pretensiones del distrito porteño.

“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone. Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, dijeron los gobernadores.

“Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, añadieron en una declaración conjunta.

Con la negociación estancada y cumplido el plazo establecido, ahora el caso tendrá que ser resuelto por el alto tribunal.