Ya sea debido a la propia estrategia del Ministerio de Economía o porque Martín Guzmán haya tomado nota de las observaciones que le hicieron cuando presentó el resultado del Sector Público Nacional en marzo, en abril el funcionario apeló mucho menos a lo que se denomina “contabilidad creativa”, es decir, sumar como ingresos por Rentas de la Propiedad al resultado financiero de la colocación de títulos públicos en pesos sobre la par.

De acuerdo con estimaciones de la consultora LCG, en abril este ítem habría representado solo el 10% del total de los recursos, cuando en el mes anterior había sido el 30%, lo que permitió que el Gobierno pudiera cumplir la meta trimestral de déficit primario base caja acordada con el FMI.

El mes pasado, el déficit primario del sector público fue de algo más de $60.000 millones, según estima la consultora, lo que marca una caída de $40.000 millones respecto de marzo. De cumplirse el pronóstico privado, el quebranto del primer cuatrimestre llegará a algo así como los $255.000 millones, equivalente a 0,3 puntos del PBI. La meta comprometida para el segundo trimestre del año es de $566.000 millones.

De ser así, Guzmán le podrá mostrar a los funcionarios del FMI con los cuales mantiene comunicación vía zoom, que el resultado fiscal de la Argentina estaría mejorado en términos reales, acotando los márgenes para incluir como ingresos el resultado de operaciones financieras del Estado.

Guido Lorenzo, economista de LCG, explicó que “hicimos una estimación en base a las colocaciones de deuda y nos dio un 10% de incidencia, que además baja porque están creciendo los ingresos tributarios en términos relativos”.

Cabe recordar que en abril el Palacio de Hacienda no llegó a completar el total de colocaciones que tenía previsto, debido al incremento de la desconfianza de los inversores.

LCG estima que los ingresos del sector público registraron un crecimiento nominal del 80% mientras que los gastos presentaron un incremento del 87%, “lo que implica una aceleración respecto de la dinámica previa”.

La consultora considera que además de la suba de los subsidios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que recibió unos $90.800 millones, con un incremento del 180%, empezó a incidir la política de ingresos que está llevando a cabo el Gobierno. Se trata del bono de $6.000 a los jubilados de la mínima y la Tarjeta Alimentar que representaron gastos de $36.000 millones.

LCG plantea que la meta del déficit del segundo trimestre “seguramente va a ser corregida” en función del “escenario de mayor inflación no previsto en el acuerdo”, cuando se aprobó a fines de marzo. Guzmán ha repetido insistentemente en las últimas semanas que no está previsto cambiar nada. Del mismo modo que Ilan Goldfajn, el director del Hemisferio Occidental del FMI, quien también confirmó los objetivos. No obstante, en el Gobierno admiten que puede haber modificaciones, según Télam.