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En muchas oportunidades esta columna trató acerca de los incumplimientos sistemáticos a las ordenanzas que reglamentan el uso de los espacios públicos de La Plata, sean estos las veredas, ramblas, plazas o calles cuya finalidad excluyente como bienes de uso común se ve muchas veces afectada por propósitos particulares. Los perjuicios que de allí pueden derivarse son múltiples y afectan a toda la población.
En este sentido, las veredas son tradicionalmente blancos propicios de esos avances, utilizadas cada vez más en la Ciudad –así sea en zonas céntricas o en los barrios- como improvisados escenarios de venta informal o como virtual tierra de nadie a disposición de las obras de construcción que impiden el paso peatonal con empalizadas.
Es común ver a peatones obligados a caminar por la calle, ante la presencia de estos obstáculos. También se avanza sobre las veredas para emplearlas como muestrarios de todo tipo de mercaderías y –ya casi en un alarde del vale todo- como lugares de estacionamiento de vehículos, tal como lo destaca la crónica cotidiana.
En ese contexto caracterizado por tantos incumplimientos a medidas dictadas para hacer respetar el concepto de espacio público, la Comuna deberá controlar que los cafés, bares y cervecerías autorizadas por un decreto dejen un generoso espacio para que los pasillos entre sillas y mesas permitan el cómodo desplazamiento de peatones.
También los horarios en que esos negocios pueden permanecer abiertos para evitar posibles excesos de la ingesta de alcohol que suele ser mayor durante la noche.
La instalación de ese tipo de comercios en la calle exige aún mayores recaudos en principio para evitar accidentes pero además para no obstaculizar el tránsito y por ello lo mejor sería que se pudieran instalar en las amplias avenidas evitando las calles angostas. Por otra parte las instalaciones de decks permanentes tienen que ser limitadas al máximo para proteger los cada vez más requeridos espacios de estacionamiento.
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Si la pretensión es facilitar el esparcimiento y las informales reuniones de jóvenes y familias las autorizaciones deben otorgarse en los barrios y con un canon inferior al que se paga en las arterias céntricas. En ese sentido los 80 pesos por metro cuadro que se cobra en el centro parece un precio muy reducido en relación a lo que cuesta por metro cuadrado cualquier local comercial.
El funcionamiento de esos lugares requieren un mayor control que tendrá su costo para la Municipalidad que necesita recaudar al menos el dinero que esas tareas demandan. Además de fondos para mejorar el alicaído paisaje urbano.
Otro aspecto que merece atención es el referido a las instalaciones sanitarias. El aumento de la cantidad de clientes que determinan las mesas en los espacios públicos seguramente será relacionada a la cantidad de baños que tienen los establecimientos. En ese sentido, la ausencia de normas ha tenido desagradables consecuencias en algunas ciudades.
La iniciativa, que seguramente generaría más ingresos para la actividad gastronómica, debe ser encausada de manera que el control municipal evite peligrosas desviaciones. Esa es la responsabilidad que asumió la Comuna al autorizar otra ocupación del espacio público.
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