Senado: mucha rosca y poca empatía con la gente

Un amplio sector de la sociedad viene manifestando su profundo malestar con la política. Son los desencantados con la situación del país, que muestran su hartazgo no sólo para la falta de respuestas a sus demandas sino también porque observan un creciente deterioro de su calidad de vida y asisten con una mezcla de bronca e impotencia a la incapacidad de los gobernantes para satisfacer sus expectativas.

Ese cuadro ciudadano se viene agigantando en sintonía con otra sensación que va ganando terreno: que la política, en general, discute sus problemas, que se mira su ombligo casi con exclusividad, y que da vuelta la cara o por lo menos desatiende las necesidades de la gente.

Esa brecha entre intereses corporativos y los que con sobrada justicia enarbola la ciudadanía se extienden y agigantan el malhumor. Y esa desconexión, lejos de reducirse, de encontrar capilaridad, de hallar algún elemento conducente para sintonizar con el enojo social cada vez más evidente, se amplifica.

La política bonaerense puede dar ejemplos acabados de aquella distancia evidente entre los acuciantes problemas ciudadanos que mezclan una pobreza horadada por la inflación, la falta de empleo y de oportunidades y de normas y programas que incentiven la inversión privada.

El Senado bonaerense, por ejemplo, recién hace algunas semanas comenzó a desperezarse. Sus comisiones se despabilaron luego de larguísimos meses de un letargo exasperante producto de la falta de acuerdo para integrarlas entre el oficialismo y la oposición.

Esa misma rosca política que frenó la actividad hizo que por el recinto se pasearan proyectos que tienen más que ver justamente con aquél toma y daca que con las necesidades ciudadanas.

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Cargos por aquí y por allá en el Banco Provincia y en la Defensoría del Pueblo. Espacios de poder en la comisión bicameral de seguimiento de las emergencias de distintas áreas declaradas en la Provincia. Hubo otras designaciones menos reprochables como las que se votaron para integrar el Consejo de la Magistratura.

La mora, sin embargo, es amplia. En lo que va del año no fueron designados ni jueces ni fiscales pese al histórico y repetido reclamo de la Suprema Corte para cubrir en forma perentoria miles de vacantes. Esa es una de las facultades que tienen la Cámara alta.

Con casi siete meses del año consumidos, el Senado recién volverá a reunirse en agosto. Lo que se suponía debía ser un año parlamentario de mayor actividad por no estar cruzado por los avatares electorales, se ha transformado en un período más bien pobre en leyes y productividad.

Esperan asuntos importantes como la nueva ley de Adopciones, la ley de Alcohol Cero al Volante impulsada frente a la pandemia de muertes por accidentes y una ley de Alquileres que ayude aliviar la carga de cientos de familias a las que se les hace cuesta arriba conseguir un techo para vivir. Estas iniciativas avanzan a paso lento y lejos parecen aún de ser aprobadas.

Los gastos de la política aparecen como un elemento ineludible en ese análisis. El Senado maneja una caja millonaria de 11.500 millones de pesos que hace que cada unos de los 46 legisladores que alberga le “cueste” a la Provincia nada menos que 250 millones de pesos anuales. O, lo que es lo mismo, más de 20.833.000 de pesos por mes.

Ese generoso volumen de recursos contrasta con aquella lejanía que la labor del Senado mantiene con las aspiraciones de una ciudadanía que reclama ejemplos y acciones concretas frente a sus cada vez más amplias necesidades tan imperiosas como impostergables.