Pornovenganza: entre una serie de Netflix y el reclamo para que sea un delito

No resulta extraño que la popularidad de algunas series coincida con inquietudes o fenómenos que eclosionan a nivel social. Es el caso de “Intimidad”, una producción española que cuenta la historia de dos mujeres que deben afrontar las consecuencias de la filtración de videos íntimos en su vida privada y profesional. Una de las más vistas por estos días en Netflix, esta miniserie ahonda en una temática que ha venido creciendo en nuestro país al punto convertirse días atrás en objeto de dos nuevos proyectos de ley.

Las iniciativas, presentadas en el Congreso por impulso de organizaciones civiles, buscan en ambos casos que se considere un delito la difusión sin consentimiento de fotos y videos íntimos por internet. Mientras que una de ellas, el proyecto de Ley Olimpia (en reconocimiento a la activista mexicana Olimpia Melo) propone reformar la ley de Género; la otra, denominada Ley Belén (por Belén San Román, la joven policía que se suicidó en 2020 tras sufrir un episodio de este tipo) apunta a una reforma del Código Penal.

Una de la formas de la violencia de género digital, la pornovenganza consiste en la difusión no consentida de imágenes o videos sexuales, grabados en un contexto de intimidad, en redes sociales, grupos de chats y sitios de internet con el propósito de humillar a su protagonista.

Aunque se trata de una práctica asociada en general a ex parejas o personas que buscan vengarse tras la ruptura de una relación, lo cierto es que requiere de una complicidad social que muchas veces festeja y contribuye a difundir ese material, lo que genera una revictimización.

Si bien algunos fallos judiciales la han reconocido y condenado como una forma de extorsión, lo cierto es que la pornovenganza no está tipificada como un delito en sí, un vacío legal que no es exclusivo de nuestro país.

LO QUE PROPONEN

Con esta realidad de fondo, el año pasado un grupo de mujeres argentinas víctimas de este tipo de violencia se pusieron en contacto con Olimpia Melo, una joven activista mexicana que logró que se aprobara una ley sobre la problemática en su país, y lanzaron una petición en la plataforma Change para pedirle al Congreso argentino que trate una norma similar. Fruto de esa iniciativa; es el proyecto de “Ley Olimpia Argentina”, que propone reformar la Ley de Violencia Contra la Mujer para que incorpore los espacios digitales como ámbitos donde también puede suscitarse violencia.

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La iniciativa introduce la definición de “violencia digital o en línea” como: “aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implica la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC.

En forma paralela, el otro proyecto presentado, el denominado “Ley Belén”, busca por su parte la incorporación al Código Penal de los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”.

El proyecto propone que se aplique “prisión de tres meses a dos años” a quien, “por cualquier medio y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros” videos o fotos “con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas”.

Como plantea la iniciativa, las penas aumentarían en un tercio cuando el delito lo cometiera una persona mediante violencia de género, o bien si fuera “con fines de lucro, por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad”.

DOS HISTORIAS, DISTINTO FINAL

Ambos proyectos presentados en el Congreso tienen como fondo dos dramáticas historias de vida con distinto final.

Olimpia Melo, que es oriunda de Huauchinango, un pequeño pueblo de Puebla, en el centro de México, tenía 18 años cuando comenzó a circular por internet sin su consentimiento un video que la mostraba teniendo sexo con su pareja y que había sido grabado en un contexto de intimidad.

Humillada por la exposición pública que no tardó en viralizarse y ser replicada por algunos medios de su país que la bautizaron “la gordibuena de Puebla”, Olimpia se encerró en su casa durante ocho meses y tuvo tres intentos de suicidio.

“No sólo buscamos la punibilidad de las conductas, hay que trabajar con políticas publicas educativas, pero en el mientras tanto no podemos dejar que las víctimas sigan sufriendo las consecuencias que sufren”

Florencia Zerda
Abogada especialista en violencia de género digital

Cuando intentó recurrir a la Justicia para lograr una reparación, ésta rechazó su reclamo porque el accionar no constituía delito al no estar tipificado en el Código Penal.

Esta experiencia la llevó a impulsar una reforma legislativa que comenzó a nivel local, en Puebla y que con el apoyo de grupos de mujeres de todo México, terminó conviertiéndose en “ley Olimpia”, una norma pionera en América Latina con incidencia a nacional en su país.

“Aspiramos a que no haya una víctima más, Queremos que se entienda de raíz la opresión de nuestros cuerpos en internet. Pero sin que el delito tenga un nombre no se puede hacer concientización, políticas de prevención, nada”, explicó Olimpia, quien vino a Argentina a acompañar la presentación en el Congreso de la iniciativa local.

“El victimario tiende a ser una expareja, la pareja actual o alguien con quien la víctima comparte una relación sentimental. Pero eso no significa que sea el único victimario.

Olimpia Melo
Activista feminista

Un drama similar al de Olimpia habría de sufrir años más tarde Belén San Román, una joven policía madre de dos hijos, oriunda también de una ciudad chica, Bragado,

El calvario de Belén comenzó a mediados de 2020 cuando decidió terminar la relación virtual que tenía con Tobías Villaruel. “A partir de ahí, esta persona empizó a hostigarla, a amenazarla, a pedirle plata para no difundir imágenes íntimas que él había obtenido al grabar sin su consentimiento una videollamada”, cuenta Marcelo San Román, el papá de Belén

Aunque ella juntó toda la plata que pudo y hasta llegó a vender su auto para pagar la extorsión, las imágenes intimas circularon entre los vecinos de su ciudad y no pudo soportar la humillación.

Muchas personas festejan y replican esas fotos o videos, contribuyendo así a una revictimización

La mañana del 30 de noviembre de 2020, Belén le escribió a su jefa del Comando de Prevención Rural de la policía de Bragado para pedirle perdón por lo que estaba por hacer. Una patrulla fue enviada de inmediato a su casa para intentar detenerla pero ya era tarde cuando llegó. La joven se disparó con su arma reglamentaria y agonizó cuatro días hasta morir.

“La viralización causa mucho daño psicológico y mi hija no soportó ver su cuerpo e identidad en diferentes redes”, explica su papá, quien considera imprescindible aprobar una ley para que esto “no le pase a ninguna chica más”.

En los últmosaños “se han presentado más de veinticinco proyectos en el Congreso para penalizar la difusión sin consentimiento del material intimo y ninguna prosperó. Es una locura”, señalan desde el movimiento feminista con la esperanza de que alguna de las dos nuevas iniciativas logre esta vez convertirse en ley.