Una polémica por incumbencias enfrenta a escribanos y abogados

Un conflicto de incumbencias enfrenta a abogados con escribanos. El motivo de la discordia es un proyecto de ley nacional que busca modificar el proceso sucesorio -históricamente a cargo de los letrados- con la implementación de una declaración de herederos y la participación sólo de notarios. Según expresó el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Colproba), la iniciativa es “manifiestamente inconstitucional y denota una actitud ambiciosa, corporativa e intrusiva”.

Con la reforma de las actuales normativas, se llevarían adelante procesos sucesorios extrajudiciales, sin la actuación, señalaron desde Colproba, “de abogados y jueces”.

El proyecto de ley fue presentado por los diputados de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez, Gustavo Hein, Aníbal Tortoriello, Héctor Stefani, Karina Bachey, José Núñez Jurado, Fernando Iglesias y Alfredo Schiavoni. Según se explicó en los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es “regular la sucesión notarial mediante la determinación de los herederos o legatarios formalizada por acta de notoriedad extendida en protocolo de Registro Notarial”.

Hasta ahora, las sucesiones deben iniciarse en un juzgado, con los herederos asesorados por un abogado; y el proceso lo dirige un juez. De otro modo, se subrayó en el comunicado, todo el trámite quedaría en manos de las escribanías de manera privada.

La institución provincial que nuclea a los abogados considera que “el proceso sucesorio que pretenden implementar los escribanos, violenta letalmente las disposiciones contenidas en los arts.1, 16, 18, 75 inc.12, 108,116 y 121 y concordantes de la Constitución Nacional Argentina”.

En rigor, según explicó un escribano con registro en La Plata, de prosperar la aprobación de la ley, las intervenciones en los trámites sucesorios sólo quedarán en manos de los escribanos en los casos en que no se presente ninguna conflictividad en el proceso; esto sería, para ilustrar la situación con un ejemplo, cuando se trate pocos herederos y que, a la vez, estén todos de acuerdo.

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“El proyecto apunta a determinadas sucesiones; para aquellas que no tienen ningún tipo de conflicto, porque ante el primer desacuerdo ya saldrían de la órbita del escribano e iría derecho a lo judicial”, explicó el notario consultado por este diario, a la vez que opinó que la modificación de la ley habría sido evaluada para acelerar la resolución de un trámite que por lo general demora largos meses o años. “Estaría acotada a procesos que no presenten dificultades y para ganar tiempo en esos casos”, añadió el profesional.

El comunicado de Colproba

“Todo Estado que se precie de ser un Estado de Derecho -se plantea en el comunicado de la institución de letrados en relación a la carta magna argentina- basa su existencia misma en una norma fundamental y fundante, como expresión de la organización jurídica de la Nación. Y naturalmente, en la observancia de sus prescripciones”.

Según se subrayó, “el proyecto pretende cambiar el hecho de que sea a través de una sentencia judicial como se llega a una declaratoria de herederos o a la aprobación de un testamento, con la necesaria y previa intervención del Ministerio Público. (Agente Fiscal, y en los casos correspondientes, Asesor de Incapaces)”. En ese sentido, la entidad resaltó que la aventura de la “jurisdicción notarial”, amén de requerir una previa reforma del Código Civil y de Nuestra Carta Magna, “hiere directamente el principio y objetivo constitucional de afianzar la Justicia”.

Por otra parte, se remarcó que la “invitación” a las provincias para adherirse en el caso de que el proyecto fuese aprobado como ley tampoco es posible sin modificación de las leyes provinciales que respectivamente rigen el ejercicio profesional, “amén”, se aclaró, “de los códigos procesales”.

Finalmente, el Colegio de Abogados provincial indicó que una normativa relacionada con la sucesión notarial “implica la necesidad de modificar leyes nacionales, provinciales “y hasta la Constitución Nacional”.

Desde el Colegio de Abogacía de La Plata, su presidenta, Rosario Sánchez, puntualizó que “nuestro Consejo Directivo, previo dictamen de la Comisión de Incumbencias profesionales que vienen batallando desde larga data con este tema y el Instituto de Derecho de Familia, en la última reunión declaró su rechazo al proyecto.