Las demandas gremiales no pueden presentarse con armas de fuego ni destrozos

Los actos de violencia registrados en las últimas horas en las sedes comunales de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y en la de Lanús en el Gran Buenos Aires, a partir de protestas gremiales realizadas por empleados estatales de ambos distintos, no parecen compadecerse, por los desbordes que las caracterizaron, con el sano derecho de peticionar a las autoridades ni con la vigencia de las normas legales consagradas en nuestro país.

En ambos episodios es de esperar que las autoridades sancionen a los responsables.

En el caso de San Martín de los Andes la tumultuosa manifestación finalizó con disparos efectuados por un hombre, con ataques a piedrazos, una persona herida seriamente y tres detenidos, según informaron fuentes policiales y sindicales.

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Los videos tomados durante la movilización dejaron muestras del accionar violento e irracional de varios manifestantes.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que fue el sector que se movilizó hasta las puertas del municipio, señaló que la protesta se realizaba para exigir al intendente el pago atrasado del aguinaldo a una empleada municipal, añadiendo que asimismo se presentó una denuncia por violencia de género y persecución que existiría sobre esa agente comunal.

En los videos difundidos se pudo observar a los manifestantes arrojando piedras que rompieron las ventanas del edificio, provocando heridas en algunos de los empleados que se encontraban en las oficinas.

En algunas de las tomas se puede ver a un hombre corriendo por las calles disparando contra vecinos, periodistas y empleados municipales.

También en esta semana un reclamo de empleados comunales de Lanús culminó con graves incidentes y manifestantes que ingresaron por la fuerza a la sede de la Municipalidad.

Sostuvieron que habían sido reprimidos en las afueras de la intendencia, mientras que el jefe comunal afirmó que se trató de un grupo de inadaptados “que el único propósito que tienen no es discutir paritarias sino romper todo”.

Lo cierto es que se registraron agresiones a personas y roturas de ventanas en el contexto de los disturbios que se sucedieron.

Más allá de la invocada justicia de estos tipos de demandas, lo cierto es que si se permitiera que cada reclamo a las autoridades se concrete mediante estas actitudes, se estaría dando luz verde a todo tipo de expresiones caóticas e incompatibles con la vida institucional de la República.

El esfuerzo por restaurar el sistema democrático fue demasiado grande y se ha sostenido durante ya casi 40 años gracias al aporte de todos los argentinos y no hay lugar, por consiguiente, para estas expresiones que intentan retrotraer las cosas a períodos afortunadamente superados.

Debe insistirse, entonces, en la necesidad de que las autoridades identifiquen a los autores de estos actos vandálicos y se les aplique el peso de la ley.

Los incidentes ocurridos requieren, también, de un análisis profundo por parte de los organizadores de las marchas, para evitar que se reiteren episodios que nada tienen que ver con las demandas sectoriales y que sí se inscriben en la órbita de los actos que están fuera de lugar. Ello, a menos que lo que busquen exclusivamente fuera el caos, algo que debiera ser impensado para el caso de cualquier dirigente.

Urge, en definitiva, que sea el Estado, a través de la fuerza de seguridad, el que disponga de mecanismos de prevención más eficaces, reforzando y garantizando la custodia de instituciones que simbolizan la soberanía popular, no el desgobierno o la anarquía.