Comienza el juicio contra la “megabanda del juez”

El Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata dará comienzo mañana al debate en el que juzgarán a los presuntos integrantes de la denominada “megabanda del juez.”

En la causa figura como principal imputado el ex juez platense César Melazo, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales.

Con un expediente de más de 11.000 fojas, serán los magistrados Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr, los que decidirán el destino de los implicados. Por la parte acusadora estarán los fiscales Victoria Huergo y Mariano Sibuet.

Además de Melazo, que será parte de su propia defensa técnica, serán sometidos a juicio oral el excomisario mayor Gustavo Bursztyn, el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena y el teniente primero Marcos Chiusaroli.

También estarán en el debate los imputados Javier Ronco; Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Adrián “Quichua” Manes; Carlos Bertoni; Carlos “Macha” Barroso Luna; Héctor “Pepe” Vega; el exbarrabrava de Gimnasia Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández; Enrique Edgardo “Quique” Petrullo; y Claudia Edith Giunta.

En tanto, el juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui, investigado en el marco de esta misma causa acusado de otorgar arrestos domiciliarios a cambio de dinero, no pudo ser procesado ya que posee fueros.

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La causa comenzó siendo investigada por la UFI Nº 3, a cargo del fiscal Marcelo Martini. Sin embargo, al declararse incompetente le pasó la posta a la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI Nº 2.

La funcionaria intentará probar que los procesados “integran una asociación ilícita que cometía robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas”.

Además, la fiscal precisó que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”, mientras que Melazo -se presume- brindaba protección.

Definen el futuro de Martín Ordoqui

Como se mencionó anteriormente, el suspendido camarista de La Plata, Martín Manuel Ordoqui, no pudo ser procesado en la causa que tendrá comienzo mañana. Sin embargo, si se llega a definir su destitución, podría afrontar un juicio oral.

Es que, mientras se esté desarrollando el debate por la “megabanda”, el jury de enjuiciamiento político que se está llevando a cabo en su contra, dará su veredicto final que determinará el futuro del funcionario.

Según la acusación del Ministerio Público, a Ordoqui se le adjudicó una actuación secundaria, vinculado al supuesto otorgamiento irregular de beneficios a procesados por delitos graves, por lo que podría ser destituido por mal desempeño en sus funciones.

La investigación se inició en medio de una indagación por el homicidio de Juan Farías, miembro de una banda que se dedicaba especialmente a las usurpaciones, en un supuesto ajuste de cuentas.

En una de las pesquisas, los agentes encontraron una serie de pruebas provenientes de comunicaciones telefónicas en la que aparecía mencionado, cada vez con mayor frecuencia, un alto magistrado provincial, integrante del Tribunal de Casación Penal.

La fiscal Betina Lacki, que instruyó la investigación, aseguró que en las 1.120 fojas surgen “pruebas claras” y en la mayoría contarían con la participación de Martín Ordoqui.

Los diálogos vincularían al juez con la concesión de beneficios procesales a uno de los miembros de la banda, Ariel Heine, gestionados con la aparente intermediación de Rubén “El Tucumano” Herrera y Enrique Petrullo.

Según el procurador Julio Conte Grand, se “puso en descubierto una organización tendiente a brindar asesoramiento y conseguir beneficios para sujetos sometidos a diversos procesos judiciales”, de las que habrían participado, además, la secretaria privada María Eugenia Mercado, abogados de la matrícula y un financista y, en la cúspide, Martín Ordoqui.

Si en ese proceso se decidiera su destitución, sería el primer magistrado del máximo tribunal penal bonaerense en ser removido del Poder Judicial.