El informe de la polémica: el Gobierno arremete contra el Poder Judicial, la oposición y los medios

El Gobierno trasladará la disputa que mantiene desde hace tiempo con el Poder Judicial, la oposición y los medios de comunicación independientes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con la presentación de un documento en el que avanza con temas que resultan centrales para el oficialismo aunque, claro está, distan muchísimo de los verdaderos problemas que afectan a la gente como la inflación, la pobreza, el trabajo o la caída de los ingresos.

Esta movida del Ejecutivo generó mucha polémica y una catarata de críticas desde la oposición, que salió a dejar en claro su postura con fuertes pronunciamientos (ver aparte).

Argentina debe presentar mañana el denominado Examen Periódico Universal (EPU), en el que se traza un panorama sobre los derechos humanos en el país. Y justamente utilizará ese espacio para manifestarse, por ejemplo, en contra de jueces y fiscales que llevan adelante “procesos penales fraudulentos” para conseguir la “proscripción” de figuras como la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero el documento, que fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el soporte técnico de la Cancillería, también arremete contra la oposición y los medios de comunicación que no son afines al Gobierno. Además de trazar, sin más, la visión que la Vice y el presidente Alberto Fernández tienen sobre la situación institucional del país.

“Discurso del odio”

En el informe, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, sostiene que en nuestro país hay “discursos del odio”, que tuvieron como punto culminante “el intento de magnicidio de Cristina. “Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”, expresa.

En sintonía justamente con el discurso de la Vicepresidenta, se introduce en el escrito el concepto de lawfare (“guerra jurídica”) para atacar al Poder Judicial, al sistema de partidos y a las empresas.

“Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del “lawfare o “guerra jurídica”. En el Gobierno entienden que el lawfare, supuestamente impulsado por el Poder Judicial, la oposición y sectores concentrados del poder económico y mediático, es una práctica que atenta contra los derechos humanos. Además de funcionar como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública.

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“En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”.

Es clave hacer notar en este punto que en el caso de las causas por presunta corrupción que se le siguen, la Vicepresidenta tuvo la oportunidad de ejercer su derecho en juicio, su defensa apeló la sentencia de la causa Vialidad en la Corte Suprema y antes de llegar al juicio oral hubo un largo proceso que cumplió con todos los pasos contemplados en la legislación vigente.

“Proscripción”

En el informe también se habla de proscripción. “Lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión. Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, se indica.