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Carlos Barolo
El tan comentado DNU del presidente Milei contiene aspectos que merecen el análisis y la discusión previa, de la que pueden surgir contribuciones para su perfeccionamiento a fin de lograr la concreción de las audaces propuestas de la mejor manera posible. Es cierto que la decisión del titular del Poder Ejecutivo de dar su primera exposición pública de espaldas al edificio del Congreso Nacional generó dudas sobre su respeto a esa institución, de cuyos integrantes deberá tener el apoyo para terminar con una decadencia signada por la ineficacia y la corrupción de muchos de los administradores del Estado.
Algunos de estos últimos han adoptado un actitud paternalista propia de las “vanguardias iluminadas” que se arrogan el derecho de ser los únicos defensores de los derechos del pueblo y dudan de la legitimidad de los pronunciamientos electorales como la expresión de la voluntad de la ciudadanía. Lanzados a una oposición total, están dispuestos a acompañar a todos los factores comprometidos con el pasado a fin de impedir cualquier cambio estructural de los que la situación del país requiere.
Por supuesto que el sistema democrático constitucional impone al Poder Ejecutivo limitaciones para evitar cualquier intento absolutista. Pero aquí y ahora la situación es otra, lo que se intenta es evitar el cumplimiento de las promesas del candidato a presidente que obtuvo un resonante triunfo pocas semanas atrás.
El sistema posibilita que el Poder Legislativo rechace o modifique proyectos del titular del Ejecutivo, como es válido que se cuestione la legitimidad del DNU. En ese sentido, sugerencias de senadores o diputados podrían perfeccionar las propuestas como en el caso de la derogación de la ley de alquileres, complementándola con una desaparición de cualquier carga impositiva sobre la renta producida por el alquiler de viviendas. Si bien ello puede significar una reducción de los ingresos fiscales de los que tanto ya se ha despilfarrado, en este caso serviría para que sectores populares pudieran acceder a viviendas dignas. Sin embargo no son estos los objetivos de los que pregonan una oposición total al gobierno para debilitarlo. Tampoco ayuda que no pocos dirigentes peronistas, radicales y del PRO que coinciden con los principios enunciados por Milei guarden un silencio que lo deja en soledad.
El primer paso con intención de demostrar que cumpliría con las obligaciones surgidas del contrato con sus votantes y que el profundo cambio que encerraron sus propuestas es posible fue la decisión de enfrentar el desafío que podía significar la marcha organizada principalmente por el Partido Obrero. Desde ese punto de vista fue un éxito que no se cortara el tránsito sin que sucedieran violentos incidentes. El operativo de prevención, las advertencias de que los organizadores serían responsables civil y penalmente de lo que ocurriera y la intensa campaña aclarando que las llamadas organizaciones sociales no pueden quitar el beneficio de los planes y que eso es competencia de los funcionarios del Estado evidentemente surtieron efecto. Pero la cuestión de fondo sigue pendiente y es la definición de si el Estado debe privatizar la distribución de las partidas destinadas a la asistencia social, lo que actualmente constituye la base de financiación de los “piqueteros” y de sus complejas estructuras integradas por cientos de militantes profesionalizados.
En el terreno económico la sanción del DNU significó la confirmación de la voluntad presidencial de cumplir con sus promesas. Quiere hacerlo con la fuerza que le da el reciente pronunciamiento electoral, pero algunos de sus funcionarios ya están negociando en el Congreso el apoyo para que se adopten las mismas ideas como leyes si el DNU fuera rechazado por la Comisión Bicameral o fuera descartado por alguna decisión judicial. En los tribunales la resolución de esa cuestión llevaría un tiempo, que según el oficialismo sería utilizado para desgastar al gobierno.
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Todo eso debe haber sido tenido en cuenta por Milei y su estado mayor, que no desconocen el poder de los intereses de entidades de toda clase que necesitan de un Estado que gaste sin mirar a quien beneficia realmente. Grande pero ineficaz y dadivoso.
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