Duro informe de EE UU contra Argentina por la "grave corrupción gubernamental"

Estados Unidos dio a conocer este lunes su un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, y en ese marco fue duro contra Argentina. Denunció que nuestro país tiene “graves problemas con la independencia del poder judicial”, al tiempo que advirtió una  “grave corrupción gubernamental”.

El informe es elaborado por el Departamento de Estado y lleva el nombre de "2022 Human Rights Report". Allí evalúa anualmente la situación particular de los derechos humanos de cada país y fundamenta sus conclusiones. El propio secretario Antony Blinken brindó una conferencia de prensa en la que dijo que este informe sirvió durante más de 50 años como “un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia”.

Sobre el caso puntual de Argentina, su gobierno lanzó advertencias acerca de distintos temas. Precisó que “entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes fidedignos de: homicidios ilegítimos y arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”.

También da cuenta de “graves problemas con la independencia del poder judicial y la grave corrupción gubernamental”. En ese sentido dio cuenta de que “el Gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción”.

En tanto, el informe posee un capítulo que lleva el título de “Denegación de un juicio público imparcial”. Allí se indica que en nuestro país “la ley prevé un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales de todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judiciales. Según las ONG nacionales, los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales eran a veces objeto de manipulación política”.

Asimismo, el documento indica que, en general, el poder judicial hizo cumplir el derecho a “un juicio justo y público”, pero aclara que “las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial”. Y además habla de “la amplia discrecionalidad de los jueces sobre las investigaciones y cómo llevar a cabo las investigaciones contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias”.

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A la hora de analizar la corrupción y transparencia del Gobierno, Estados Unidos señala que “la ley establece sanciones penales para la corrupción de los funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. La debilidad de las instituciones y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavan los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”. Además le dedica un párrafo a la causa Vialidad: “Varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango y ex personalidades políticas, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaban en curso hasta septiembre”.