Identifican centros de tortura de civiles ucranianos

Una ONG ucraniana reveló ayer la localización de más de cien centros situados en Bielorrusia, los territorios ocupados de Ucrania y la propia Rusia en los que las autoridades rusas tienen detenidos y a veces torturan a prisioneros de guerra y a un millar de civiles ucranianos.

Los datos, recabados con entrevistas a testigos y víctimas de estas prácticas, pueden consultarse en un mapa accesible en internet.

Uno de los lugares localizados es un centro de detención para presos a la espera de ser juzgados en la ciudad de Irkutsk de la región rusa de Siberia, cerca de la frontera con Mongolia.

En los territorios ocupados de la provincia ucraniana de Jersón, en el sur del país, las fuerzas rusas utilizan como centros de detención hoteles y otras infraestructuras que antes de la guerra estaban dedicadas al turismo, explicó la responsable de documentación de la Media Initiative for Human Rights (MIHR), Anastasia Panteleeva.

En muchos casos, los detenidos civiles fueron apresados porque militares rusos que registraron sus celulares hallaron pruebas de sus simpatías por la causa ucraniana. Algunos de ellos están detenidos en celdas de aislamiento y ni siquiera tienen un estatuto legal definido.

DETENCIONES FORZADAS

Muchos detenidos de Jersón fueron trasladados a la península ucraniana de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014. Otros son llevados a centros de detención del territorio de la Federación Rusa a miles de kilómetros de la frontera con Ucrania.

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“Entre los crímenes más habituales cometidos por el ejército ruso en Ucrania están las detenciones injustificadas”, explicó la MIHR, y agregó que los civiles ucranianos privados de libertad y a veces deportados a la fuerza por Rusia comparten a menudo lugares de cautiverio con los prisioneros de guerra.

Con ayuda de la ONG “Civiles en Cautiverio”, la MIHR ha contado 948 civiles ucranianos detenidos por las autoridades rusas en Rusia o en los territorios ocupados de Ucrania, y en este marco estima que el número real de privados de libertad que no tienen vinculación con el ejército es entre cinco y siete veces superior.

Tatyana Katrychenko, coordinadora de la ONG, se mostró confiada en que la Corte Penal Internacional -que ha dictado una orden de arresto internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin por la deportación forzosa de niños ucranianos- se fije también en la detención de civiles.

Entre los detenidos, explicó la activista, hay maestros, médicos y otros profesionales que rechazaron colaborar con los ocupantes en los territorios ocupados, pero también otros civiles que fueron detenidos de manera arbitraria y acusados de colaborar con las fuerzas y los servicios secretos ucranianos.

Las autoridades ucranianas han documentado el desplazamiento forzoso a manos de las fuerzas de ocupación rusas de miles de menores, civiles e incluso prisioneros ucranianos de los territorios ucranianos que controla Moscú.

La oficina del Defensor del Pueblo ucraniano dice haber identificado al menos 2.500 casos de presos comunes deportados que cumplían condena en territorios ocupados ucranianos y han sido trasladados a la fuerza a Rusia u a otros territorios bajo control de Moscú.

Las autoridades rusas estarían intentando además alistar al ejército a algunos de estos reos, a los que Ucrania aspira a repatriar en tanto que ciudadanos del país.