Uruguay, en veda camino a las elecciones nacionales

La veda electoral que antecede a las elecciones presidenciales y parlamentarias de mañana comenzó a regir en el primer minuto de ayer en Uruguay, de acuerdo con el calendario de la Corte Electoral.

Televisión, radio y prensa han dejado de emitir propaganda política de los partidos y los candidatos, que desde hace semanas concentraba la mayor parte de los espacios publicitarios, normativa que no abarca la difusión a través de internet.

Los principales actos de cierre de campaña que de manera tradicional se realizan el miércoles, en esta ocasión se adelantaron al martes para no coincidir con el partido del popular club Peñarol por las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol.

El partido opositor Frente Amplio (FA) que lleva como candidato a Yamandú Orsi, quien lidera las encuestas, realizó un multitudinario acto de cierre de campaña en el Parque Batlle de la ciudad de Montevideo, ocasión en que prometió “gobernar para todos”.

En tanto, el gobernante Partido Nacional (PN), segundo en los sondeos de intención del voto, cerró su campaña en el municipio de Las Piedras, 30 kilómetros al norte de la capital uruguaya, con un acto de su presidenciable Álvaro Delgado.

El PN encabeza la Coalición Republicana (CR), una alianza de cuatro partidos que compiten por separado y que ante un balotaje apoyarían al candidato que se enfrente al FA.

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De acuerdo con el promedio de encuestas que realiza el diario “El Observador”, el FA tiene una intención de voto del 45 por ciento, el PN del 25 por ciento, el Partido Colorado (PC) con la candidatura de Andrés Ojeda del 16 por ciento y otros dos partidos de la CR el 5 por ciento.

Las elecciones definirán al sucesor del presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025).

El plebiscito

Los uruguayos, además, deberán pronunciarse mañana sobre un polémico plebiscito para reformar la Constitución en materia de seguridad social, que será sometido a votación en simultáneo con las elecciones presidenciales y legislativas.

Los últimos sondeos indican una disminución del apoyo, aunque muchos aún no tienen el voto definido.

La iniciativa busca modificar el artículo 67 de la Carta Magna para prohibir los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, fijar la edad mínima de retiro en 60 años y establecer que las jubilaciones no pueden ser menores que el salario mínimo nacional (actualmente de unos 540 dólares).