La fiscal de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, decidió prorrogar el plazo de producción probatoria en la causa que investiga el crimen de la comerciante Paula Carolina Lastiris en Barrio Norte. De acuerdo a fuentes de tribunales, es a los efectos de poder contar con los elementos suficientes para fundar el requerimiento de prisión preventiva.
En ese punto, siempre a decir de los mismos voceros, la titular de la UFI Nº 17 de nuestra ciudad indicó que “fundamento la petición en la circunstancia de encontrarse pendientes de producción medidas probatorias tendientes a esclarecer el hecho, y que no podrán cumplimentarse en el término referido”.
Se refirió así al plazo de 15 días posteriores al acto de la indagatoria, tras el cual, por la normativa vigente, debería efectuar el planteo o exigir la extensión del mismo, como finalmente ocurrió.
De esa resolución se le corrió traslado al juez garante, Pablo Raele, quien ejerce la función de contralor del procedimiento, para evitar, entre otras cuestiones, que se vulneren los derechos de las partes y el magistrado hizo lugar al planteo.
De acuerdo a fuentes del caso, la defensa del imputado informó que presenta un cuadro de autismo y, además, padece el denominado Síndrome de Diógenes, una condición poco frecuente que se caracteriza por el abandono extremo del cuidado personal, aislamiento social, acumulación compulsiva de objetos y desinterés por las normas básicas de higiene y convivencia.
Por eso requirió una batería de informes psicológicos y psiquiátricos para saber si llega a comprender la criminalidad de sus actos.
Como se sabe, la investigación experimentó un giro clave a poco de iniciarse que reordena por completo el eje del caso.
Portavoces con acceso al expediente revelaron que, por el momento, no hay un móvil definido y, en ese marco, quedó descartada la hipótesis inicial que vinculaba el ataque a una supuesta deuda económica por el alquiler que la víctima le abonaba al detenido. Era por el local donde tenía su emprendimiento de cotillón.
De acuerdo a lo que surge de la documentación oficial, la víctima y su pareja mantenían el alquiler del local de 37 entre 9 y 10 al día. Incluso, según reconstruyeron los investigadores, el acusado -identificado por sus iniciales como L.O.A., de 49 años- no se presentó a cobrar el último pago correspondiente al 10 de abril. Ese dato, sumado a otros elementos, llevó a los pesquisas a descartar que el trasfondo del hecho haya sido un conflicto dinerario.
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