Se debe terminar con el sórdido negocio de la usurpación de tierras en la Región

Resulta desalentador comprobar que las mafias que se dedican desde hace décadas a ocupar ilegalmente tierras en el distrito de La Plata continúen su actividad, sin que los organismos del Estado con incumbencia en el tema, salvo muy pocas excepciones, se ocupen de erradicar este despojo sistemático de propiedades públicas o privadas.

Tal como se informó ayer en este diario, un nuevo intento de usurpación se está concretando en tierras de City Bell, en un amplio lote ubicado en 477 entre 30 bis y 31. Según vecinos del predio, que se encuentran en guardia hace varios días, los usurpadores ya tienen un área tomada.

Las autoridades lo saben: además de los derechos y obligaciones esenciales que se vulneran –el de la propiedad y también, entre otros, el de la falta de disponibilidad de servicios públicos - se omiten luego los pagos de los tributos y tasas correspondientes a cada vivienda, entre otros males que se propagan, como los enganches ilícitos a los servicios públicos. Una suerte de “master class” negativa sobre este punto la dicta diariamente el desquicio urbanístico, económico y social en que vino a dar la Megatoma de Los Hornos.

La Megatoma también se conoce como la más grande de la Provincia. Se encuentra en tierras que pertenecieron al Estado nacional, en donde funcionaba el Club de Planeadores.

A inicios de 2020 una de las tantas mafias que se ocupa de “vender” a precio vil los lotes que roban ocupó unas 160 hectáreas, excediendo inclusive la superficie del club. Se calcula que allí viven en pésimas condiciones cerca de 4 mil familias.

Este episodio se suma a una nutrida lista de usurpaciones ocurridas en los últimos años en la Región –se puede hablar de tierras de Abasto, Olmos, City Bell, Villa Elisa, Ringuelet, Gonnet, ubicadas a lo largo de la avenida 520 o a la vera de los arroyos y en vías del ferrocarril- que otorgaron a La Plata, como se ha dicho, el triste privilegio de ser calificada como la “capital de las tomas de tierra”.

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Cálculos realizados hace dos años estimaron que en La Plata viven 200.000 personas en tierras usurpadas. Más de la tercera parte de esos habitantes carecen de luz eléctrica y de otros servicios imprescindibles.

La inseguridad más desatada pasa por ser el contexto en el que sobreviven. Hay cerca de 300 hectáreas usurpadas al Estado, a propietarios particulares, a clubes y colegios. Los intentos de toma se suceden sin solución de continuidad.

Además de promover un desarrollo urbanístico racional y sostenible, el Estado debe frenar el oscuro negocio de las ocupaciones de tierras.

Debe concluir con esta anarquía, con el arrebato, la evasión impositiva, con todo asentamiento que no cuente con servicios públicos y acabar de una vez por todos con las inevitables derivaciones caóticas que supone toda ocupación ilegal de espacios.

A menos que se prefiera vivir en el caos, deben ser desbaratadas las organizaciones que se ocupan de este ilegal y sórdido negocio, consistente en robar tierras y después en venderlas a gente necesitada.

Y terminar con los supuestos los vínculos políticos con que pueda contar esa actividad delictiva.