Las universidades deberán rendir gastos y limitan compras directas

La falta de rendición de cuentas y la opacidad de los gastos de las universidades públicas fueron dos de las hipótesis en las que se apoyó el Gobierno nacional para avanzar con un sistema de controles y auditorías que, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, escaló hasta la Justicia. El tema avivó un conflicto que, si bien se fue desinflando, incluyó dos grandes marchas contra la administración de Javier Milei, que en el tramo final del año vuelve a retomar la discusión a través de una serie de decretos que apuntan a lograr una mayor transparencia en las compras y contrataciones de las casas de altos estudios públicas, como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Una de esas medidas restringe la firma de convenios y acuerdos directos sin licitación ni compulsa de precios.

Los decretos, publicados el viernes en el Boletín Oficial, son el 1091/2024, 1092/2024 y 1093/024. Con los sellos del Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación; el de Economía y el de Desregulación y Transformación del Estado, los textos incluyen modificaciones a la normativa actual sobre compras y contrataciones del Estado para que las universidades nacionales queden formalmente incluidas en los mismos regímenes que regulan la administración financiera y los contratos públicos electrónicos del Estado, pese a la autonomía que ampara a las instituciones académicas.

Uno de esos decretos (el 1091) es “de Necesidad y Urgencia” y es precisamente el que restringe la posibilidad de realizar “contrataciones directas” con Universidades Nacionales. Con la firma de todos los ministros del gabinete libertario, la medida modifica el marco regulado por el Decreto Nº 1023/2001, elimina las excepciones que permitían este tipo de contratos sin licitación pública y establece “un mecanismo más estricto en busca de transparencia y competitividad”.

A partir de ahora, estos servicios deberán ser adjudicados mediante procesos licitatorios o concursos, excepto en casos de emergencia debidamente justificados.

Según la Rosada, lo que se busca es “transparentar” el manejo de los fondos públicos

“El abuso en el uso de contrataciones directas con universidades públicas había transformado un mecanismo excepcional en una práctica habitual, lo que contradecía los principios de transparencia y competencia”, argumentaron en la Casa Rosada y citaron datos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), según los cuales más de 2.000 convenios fueron celebrados bajo esta modalidad en 2022 y 2023. Eso, explicaron, es lo que motivó la revisión de la normativa.

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Los otros dos decretos (el 1091 y el 1093) obligan a las universidades (como al resto de los organismos públicos) a seguir regímenes electrónicos de compras como Compr.AR y Contrat.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF).

Autonomía, pero con transparencia

Al respecto, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, insistieron en que las medidas “se enmarcan en una lógica de la política de transparencia del Gobierno nacional” y aclararon que los cambios no avanzarán de ninguna manera sobre la autonomía universitaria, sino que lo que se busca es que las instituciones de educación superior se rijan por los mismos criterios de administración y rendición de gastos que el resto de los organismos públicos.

“Las universidades tienen autonomía total para definir cómo gastar su presupuesto y eso se respeta y nadie lo cuestiona. Pero los fondos a partir de los cuales funcionan son de la administración pública (...) y la visión del Gobierno es que tienen que tener los mismos procesos de transparencia y control que cualquier otra entidad”, advirtió Fariña.

El Gobierno alertó sobre un “abuso” en el uso de las contrataciones directas

“Todos los gastos y transferencias y pagos que realicen las universidades van a tener el mismo sistema de seguimiento y control y de auditoría que tiene toda la administración pública y todo lo que son los fondos públicos que salen de los impuestos de cada uno de los ciudadanos”, abundó el funcionario.

Puntualmente sobre el DNU que limita las contrataciones directas, Fariña anunció que se eliminan los convenios interadministrativos con universidades porque, según lamentó, “a lo largo de la historia, se han utilizado esos convenios de formas incorrectas, con marcos que daban poca transparencia y organismos que hacían contrataciones por montos muy grandes con universidades, sin un fin concreto ni aclarar cuál era el servicio que se brindaba”. Apoyó sus declaraciones en datos de una auditoría de la Sigen de 2022-2023, que arrojó que solo en ese período las universidades y el Estado nacional suscribieron más de 2.400 convenios que, según el Gobierno, serían “poco transparentes”.