El Gobierno denunció al ex embajador en Venezuela "por traición a la Patria" por el caso del gendarme detenido

El Gobierno nacional denunció el ex embajador en Venezuela durante el kirchnerismo Oscar Laborde por haber intervenido en el caso del gendarme Nahuel Gallo, quien está detenido por el régimen de Nicolás Maduro.

El ministerio de Seguridad de la Nación lo acusa a Laborde de "traición a la Patria", de "ser un colaborador de Maduro" y de realizar acciones que van en contra de gestiones diplomáticas para lograr liberación de Gallo.

En  la denuncia formulada por la cartera encabezada por Patricia Bullrich se indica que "se denuncia al ex embajador Oscar Alberto Laborde, por haber traicionado los intereses de la Nación Argentina, en un caso que resulta de una gravedad institucional inusitada en el concierto internacional de los países, obrando con la evidente intención de exponer argumentos políticos para perjudicar el rol de gobierno argentino en la protección del Gendarme cuya desaparición forzada se reclama".

"La asunción de la gestión internacional asumida por el imputado fue realizada en contra de la gestión diplomática desplegada por nuestras autoridades, comprometiendo a nuestra Nación al presentarla como pretendiendo “infiltrar un espía” en Venezuela, ingresándolo irregularmente a ese país", agrega.

“Mientras la Cancillería intenta lograr la liberación de Nahuel Agustín Gallo por vía diplomática a través de las misiones internacionales pertinentes, el ex embajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela Oscar Alberto Laborde inició sin ningún tipo de autorización oficial, gestiones internacionales contactando a la familia del Gendarme en Argentina, a fin de entregarle “una carta”, con la colaboración del Gobierno de Venezuela”, señalaron desde la cartera que lidera Patricia Bullrich. 

La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad quedó a cargo del Juzgado Federal 6, a cargo del juez Daniel Rafecas, según se sorteó este jueves.

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El cabo primero de Gendarmería Nacional, perteneciente al Escuadrón 27 “Uspallata”, correspondiente a la Agrupación XI “Mendoza”, fue detenido el 8 de diciembre a las 11 de la mañana en su ingreso a Venezuela. En su visita, Gallo buscaba reencontrarse con su hijo Víctor, de dos años, y su esposa, Marai Alexandra Gómez García, que residen en Venezuela desde hace siete meses para colaborar con un problema de salud de su madre. Para abaratar costos, Gallo se trasladó de Chile a Bogotá y después a la frontera, en un remisse.

Tras cumplir con los trámites legales necesarios, el gendarme fue detenido por las autoridades de migraciones en la frontera entre Venezuela y Colombia, acusado por la administración bolivariana de ser un espía enviado por el gobierno argentino en plena tensión entre Maduro y el presidente Javier Milei.

Ante la ausencia de información sobre la situación del detenido, la Gendarmería Nacional presentó un habeas corpus en la provincia de Mendoza para que se declare la desaparición forzada de persona, en violación de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En primera instancia, un juez federal rechazó la acción, pero la Cámara Federal de Mendoza revocó esta decisión y exhortó a las autoridades venezolanas a que informen el paradero, los motivos de la detención del gendarme, y la identidad del juez responsable del proceso judicial.

Además, exigió la garantía de un abogado que represente a Gallo y la posibilidad de contactarse con sus familiares. Para eso, pidieron presentar al detenido de forma física o telemática ante la Cancillería argentina para asesoramiento legal.

En ese marco, y en base a lo expuesto por la cartera de Seguridad, se lo acusa al ex embajador Oscar Alberto Laborde de haber iniciado gestiones, sin autorización del ministerio, con el gobierno de Nicolás Maduro. 

En la denuncia presentada aseguran que el ex diplomático habría establecido comunicación con la familia de Gallo y le habría hecho llegar una carta al gendarme, en coordinación con las autoridades chavistas.

Para el Poder Ejecutivo, el obrar no corresponde a cuestión humanitaria sino que “lejos de defender los derechos humanos del gendarme desaparecido, lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina, a fin de justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas".

Según argumentan, el proceder del ex diplomático ayudó a “sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería Argentina”. “La información que se tiene del denunciado Laborde lo acerca a ser un colaborador del régimen de Maduro”, subrayó Fernando Soto en su escrito al tiempo que negó cualquier solicitud y autorización para prestar colaboración.

De esta forma considera que “su obrar solo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al Gendarme Gallo, presentando como ‘humanitario’ a un gobierno dictatorial", lo que para el Gobierno constituye una grave violación de los principios de lealtad y fidelidad hacia la Nación.

“Le pide explicaciones a la República Argentina, en lugar de pedirle explicaciones al gobierno que secuestra a un extranjero privándolo de la libertad en una ‘desaparición forzada’”, cuestionó.