Cómo la represión del disenso se convirtió en un sello de Putin

Cuando el carismático líder de la oposición Boris Nemtsov fue asesinado a tiros en un puente cerca del Kremlin en febrero de 2015, más de 50.000 moscovitas expresaron su sorpresa e indignación al día siguiente del crimen descarado. La policía se mantuvo al margen mientras marchaban y coreaban consignas antigubernamentales.

Nueve años después, rusos sorprendidos y furiosos salieron a las calles la noche del 16 de febrero, cuando supieron que el popular líder opositor Alexei Navalny había muerto en prisión. Pero esta vez, quienes depositaban flores en monumentos improvisados colocados en ciudades importantes, se encontraron con la policía antimotines, que arrestó y arrastró a muchos de ellos.

En los años transcurridos entre uno y otro suceso, la Rusia de Vladímir Putin pasó de ser un país que toleraba cierto disenso a convertirse en uno que lo reprime implacablemente. Arrestos, juicios y largos períodos en prisión, que alguna vez fueron infrecuentes, ahora son comunes, especialmente después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Además de hacerlo contra sus opositores políticos, el Kremlin ahora arremete contra grupos defensores de derechos humanos, medios independientes y otros miembros de organizaciones de la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y ciertas denominaciones religiosas.

“UN ESTADO TOTALITARIO”

“Rusia ya no es un Estado autoritario; es un Estado totalitario”, dijo Oleg Orlov, copresidente de Memorial, el grupo ruso de derechos humanos centrado en la represión política. “Todas estas represiones tienen como objetivo suprimir cualquier expresión independiente sobre el sistema político de Rusia, sobre las medidas de las autoridades o activistas civiles independientes”.

Un mes después de hacer ese comentario, Orlov, de 70 años, se convirtió en una estadística del propio grupo: fue esposado y sacado de un tribunal tras ser condenado por criticar al ejército por el caso de Ucrania y sentenciado a dos años y medio de prisión.

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Memorial calcula que existen cerca de 680 presos políticos en Rusia. Otro grupo, OVD-Info, dijo en noviembre que 1.141 personas están tras las rejas por acusaciones políticamente motivadas, más de 400 reciben otros castigos y cerca de 300 más están siendo investigadas.

Hubo un tiempo después del colapso de la Unión Soviética cuando parecía que Rusia había cambiado de página y la represión generalizada era cosa del pasado, dijo Orlov, defensor de derechos humanos desde la década de 1980.

Si bien hubo casos aislados en la década de 1990 bajo el régimen del presidente Boris Yeltsin, Orlov dijo que las grandes represiones comenzaron paulatinamente después de que Putin llegó al poder en 2000.

El magnate petrolero en el exilio Mijail Jodorkovski, que pasó 10 años en prisión tras desafiar a Putin, dijo en una entrevista reciente que el Kremlin comenzó a sofocar el disenso aun antes de su arresto en 2003. Purgó al canal de televisión independiente NTV y fue tras otros oligarcas que lo desafiaron, como Vladimir Gusinsky o Boris Berezovsky.

Al preguntársele si en ese entonces pensó que las medidas represivas alcanzarían la escala actual de cientos de prisioneros y demandas legales con motivaciones políticas, Jodorkovsky respondió: “Pensaba que él (Putin) se quebraría antes”.

Cuando Nadya Tolokonnikova y las demás miembros de Pussy Riot fueron arrestadas en 2012 por interpretar una canción contra Putin en una importante catedral ortodoxa de Moscú, su sentencia de dos años en prisión fue impactante, recordó en una entrevista.

“En ese entonces, parecía una sentencia (de prisión) increíblemente (larga). Yo ni siquiera me imaginaba que podría salir”, dijo.

Cuando Putin recuperó la presidencia en 2012 tras evadir los límites del cargo al desempeñarse como primer ministro durante cuatro años, fue recibido con protestas masivas. Las consideró como inspiradas por Occidente y quiso arrancarlas de raíz, dijo Tatiana Stanovaya del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia.

Muchas personas fueron arrestadas, y más de una docena recibieron condenas de hasta cuatro años de prisión tras las protestas. Pero principalmente, señaló Stanovaya, las autoridades “creaban condiciones en las que la oposición no pudiera prosperar”, en lugar de desmantelarla.