La obligación del Estado de abordar la cuestión de los menores y el delito

El anticipo formulado por el ministro de Justicia nacional acerca del proyecto del Gobierno para bajar la imputabilidad penal de los menores a los 13 años de edad, permitirá que los sectores legislativos y doctrinarios del país puedan abrir el análisis sobre un tema que, en profundidad, lo que busca es alejar a los menores del delito.

El funcionario afirmó que para definir la iniciativa estuvieron trabajando en los últimos meses y que se inclinaron primeramente por los 14, pero que “se dieron muchos casos de trece años” y eso “nos hizo repensar y nos inclinamos por ver que el chico no es solamente de 15 como era en la ley de 1980”, razón por la cual el funcionario pasó a creer que “va a quedar anclada (la imputabilidad) en los 13 años”.

Nuestro país podrá ingresar entonces en un período de debate que puede ser fructífero y que se encuentra planteado en muchos otros países. Los casos más cercanos fijan la edad de imputabilidad en 13 años, como en Uruguay, o en 14 como es el caso de Brasil.

No es preciso reseñar casos de trágica repercusión, con víctimas fatales y la intervención de menores en homicidios o delitos de enorme gravedad. Más allá de los diversos aspectos que acompañan a esta cuestión, se está seguramente frente a una realidad que lastima en primer término a los protagonistas de estos hechos y que, desde luego, repercute sobre las víctimas de su accionar.

Si bien, en ocasiones, se registran desenlaces fatales o muy dañosos para terceros, tampoco debe dejar de verse que los propios chicos que protagonizan estas acciones suelen resultar muertos o víctimas de graves heridas.

Conviene insistir en que se advierte la existencia de una suerte de acostumbramiento frente a este fenómeno y que, por caso, no sorprende ya que chicos o chicas que apenas frisan los 10 años de edad o un poco más, esgriman armas blancas o de fuego para concretar los robos. O que conformen bandas para asaltar, utilizando para ello la modalidad “piraña” que suele presentarse en la zona céntrica platense.

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A ese universo juvenil, si se quiere desorbitado y privado de rumbos certeros, se le puede sumar la actitud aviesa de muchos mayores que se aprovechan del estado de inimputabilidad penal de los menores, obligándolos o instándolos a delinquir.

Está claro, también, que no sólo merece reformas el sistema penal en su conjunto, sino que el Estado argentino, en forma prioritaria buscándose fórmulas eficaces, debe apuntar al impulso de políticas capaces de apartar a tantos menores de la senda del delito.

Desde luego, si bien la cuestión está lejos de agotarse mediante un solo debate por la inimputabilidad en el Congreso nacional -ya que existe una diversidad de factores- también es cierto que abordar y resolver sobre esta cuestión puede formar parte de una solución realista y comprensiva del problema.