El juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico N°10, ordenó levantar el secreto de sumario y dispuso una batería de medidas de prueba para reconstruir el entramado patrimonial detrás de la firma Real Central SRL. Y en esa línea, por lo pronto, apuntó a los presuntos testaferros de la cúpula de la AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: quiere saber quién o quiénes son los propietarios de la flota de autos de alta gama que estaban guardados en la quinta de Pilar.
La estrategia del magistrado apunta a seguir el rastro del dinero operativo y el uso real de los bienes para determinar quiénes son los propietarios ocultos detrás de los acusados el monotributista Luciano Nicolás Pantano y la jubilada Ana Lucía Conte.
La resolución busca evidencias que vinculen a los autos con terceros, por ejemplo, los seguros. Por eso solicitó a la Superintendencia de Seguros de la Nación el detalle de todas las pólizas, haciendo foco en los medios de pago utilizados para contratarlas.
También sobre los conductores autorizados: se ordenó a los Registros de la Propiedad Automotor que informen quiénes son los titulares de las cédulas azules. Además, se requirió información a las empresas de rastreo satelital y a la operadora de Telepase. La Justicia quiere reconstruir los trayectos habituales y saber quién pagaba los peajes de estos autos.
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