Del abandono al castigo: por qué la baja de la imputabilidad no sirve

Senadora provincial de la UCR

Cada vez que el debate sobre la inseguridad gana espacio en la agenda pública, vuelve a aparecer una propuesta que se presenta como solución inmediata: la baja de la edad de imputabilidad penal. Frente a delitos graves cometidos por niños y adolescentes, la respuesta política insiste en castigar antes y más duro. Sin embargo, quienes trabajamos desde hace años en el ámbito social y educativo sabemos que esta respuesta no solo es equivocada, sino profundamente injusta. Porque corre el eje del problema y vuelve a cargar la responsabilidad sobre quienes menos herramientas tienen para defenderse.

Vivimos en una sociedad donde el rol de los adultos se ha desdibujado. Los contextos sociales golpean con mayor fuerza a los más débiles y desprotegidos: niños, niñas y adolescentes. La protección de las infancias queda, muchas veces, limitada a lo que dicen las leyes y las convenciones internacionales, mientras que en la vida cotidiana esa protección no se concreta.

Casi el 50% de los menores de edad en la Argentina viven bajo la línea de pobreza. Esto implica falta de acceso a una alimentación adecuada, a la salud, a la educación, a una vivienda digna y a servicios básicos. Pero el desamparo no es solo material. Como señala Sergio Sinay en La sociedad de los hijos huérfanos, también existe una orfandad simbólica: adultos absorbidos por el trabajo, el consumo o sus propios problemas, que renuncian a su función de cuidar, acompañar, poner límites y hacerse cargo. Padres y madres que, en lugar de ejercer un rol adulto responsable, intentan convertirse en “amigos” de sus hijos, con enormes dificultades para orientar y sostener procesos de crianza.

Es en estos contextos donde crecen muchas infancias en la Argentina. Desde el sistema educativo estas situaciones se detectan tempranamente. Las escuelas realizan intervenciones, convocan a las familias, articulan con equipos especializados, servicios sociales, salud y los servicios locales de Protección de Derechos. Sin embargo, la mayoría de esos niños llegan a la escuela primaria con un largo historial de situaciones problemáticas que no fueron resueltas ni atendidas de manera adecuada.

La experiencia muestra que, en cerca del 90% de los casos de niños en situación de riesgo o vulnerabilidad, la realidad no mejora con el paso del tiempo, sino que se agrava. A medida que crecen, las conductas se vuelven más peligrosas para sí mismos y para los demás. No por maldad, sino por la acumulación de abandonos y la falta de intervenciones sostenidas.

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Frente a este escenario, resulta inevitable preguntarse por qué no existen consecuencias claras y tempranas para los adultos que vulneran derechos o no se hacen cargo de las infancias. ¿Por qué el castigo aparece recién cuando el niño comete un delito?

En todos los programas sociales y educativos aparecen dos conceptos que rara vez se cumplen: articulación y seguimiento. Los organismos que deberían garantizar estas políticas están desbordados y sin recursos. Las áreas de salud mental carecen de presupuesto, los servicios locales están saturados y las instituciones educativas, que reciben a casi todos los niños y adolescentes, deben asumir una multiplicidad de tareas que exceden largamente su función pedagógica, mientras es evaluada únicamente por los resultados de aprendizaje.

El Estado nacional recorta el presupuesto educativo, abandona el trabajo social territorial y no acompaña a las familias. Y frente a ese vacío, la respuesta es castigar a los chicos cada vez más temprano. Lejos de resolver el problema, esta lógica profundiza la exclusión.

Si de verdad quisiéramos terminar con la violencia y la inseguridad, el camino sería otro. Invertir en primera infancia, fortalecer el trabajo territorial, acompañar a las familias, garantizar escuelas con recursos, contar con equipos interdisciplinarios suficientes, políticas de salud mental accesibles y sostenidas. Hacer cumplir las leyes que ya existen. Exigir responsabilidades a los adultos. Llegar antes.

Bajar la edad de imputabilidad no es una solución: es la confirmación de un fracaso colectivo. Una vez más, los adultos no nos hacemos cargo, y quienes pagan las consecuencias son los chicos.