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La Agencia Nacional de Discapacidad dejará de funcionar como organismo autónomo. Buscan transparentar la gestión
Transforman la andis en una Secretaría en la órbita de Salud / web
El Gobierno nacional oficializó la transformación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en una Secretaría, que estará bajo la órbita del Ministerio de Salud. El objetivo, según la explicación oficial, es reorganizar la gestión en el área y asegurar el uso transparente de los recursos públicos, sin afectar los derechos ni las prestaciones vigentes para las personas con discapacidad.
La medida llega después del escándalo a raíz de la filtración de los audios del ex funcionario y ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionó un circuito de supuestas coimas con prestadores que llegaban hasta el entorno presidencial.
Trascendió que la decisión del cambio se maduraba desde la detección de esas irregularidades.
El anuncio oficial corrió por cuenta del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. Allí comunicó oficialmente que la ANDIS dejará de operar como agencia autónoma y pasará a funcionar como Secretaría dependiente del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. “Esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones”, remarcó Adorni.
Quien venía desempeñándose como interventor de la agencia luego del escándalo, Alejandro Vilches, asumirá como nuevo secretario.
“La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, explicó Adorni.
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Para el funcionario, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, mobiliario”.
Abundó: “Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades. Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
Adorni fue especialmente enfático al explicar que “esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”. Dijo: “Esto lo aclaro para evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es. Repito que no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.
Según se explicaba en el Gobierno, la medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias.
Cuando se nombró a Vilches como interventor, el Ejecutivo le encomendó la realización de una auditoría profunda y el control de legalidad y transparencia en la gestión. Su nombramiento fue formalizado entonces mediante el Decreto 601/2025, que estableció la intervención y delegó en Vilches la tarea de revisar y reorganizar los procesos internos. Eso derivó en la reconfiguración institucional anunciada recientemente.
Vilches, ahora responsable de liderar la nueva secretaría, es médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y, antes de la ANDIS, se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria. Según la versión oficial, en su rol de interventor, condujo una auditoría integral que involucró la identificación de prácticas irregulares y la redefinición de los circuitos administrativos. Su perfil profesional refuerza el enfoque sanitario y la continuidad en la implementación de políticas públicas sobre discapacidad, explican en el Gobierno.
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