Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron

El empresario teatral y exdiputado Javier Faroni fue detenido en el Aeroparque Metropolitano cuando intentaba viajar a Uruguay, pese a que tiene prohibida la salida del país en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de fondos vinculados a la AFA. La Dirección Nacional de Migraciones actuó por orden del juez federal Luis Armella, quien dispuso la restricción mientras avanza la investigación por posibles estafas en el ámbito del fútbol.

Según fuentes del caso, Faroni llevaba consigo su pasaporte y también los de su familia. Aunque para ingresar a Uruguay alcanza con el DNI, los investigadores procuran determinar por qué trasladaba toda la documentación. Sus familiares se encontrarían en Montevideo.

En el momento en que fue notificado de la prohibición para salir del país, el empresario habría descartado su teléfono celular, una maniobra que habría quedado registrada en las cámaras de seguridad del aeropuerto. Los investigadores analizan las imágenes para determinar a quién entregó el dispositivo.

Faroni figura en la causa por su vinculación con TourProdEnter LLC, la empresa que administró unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y que, según la hipótesis fiscal, habría desviado al menos 42 millones de dólares hacia sociedades presuntamente ficticias. La compañía fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del empresario. Las operaciones investigadas estarían asociadas a contratos de explotación de derechos comerciales de la Selección Argentina, firmados durante la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.

Allanamientos y nuevas medidas

En paralelo, la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco, ampliaron en las últimas horas el alcance procesal de una investigación por lavado de activos. Presentaron ante el juez Armella un pedido de múltiples medidas de prueba, entre ellas allanamientos, levantamiento de secretos bancarios y fiscales, y requerimientos de cooperación internacional.

Los fiscales sostienen que el avance de la causa reveló nuevas hipótesis delictivas que podrían vincular maniobras de lavado realizadas en Argentina con circuitos financieros transnacionales, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo.

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La investigación pone el foco en la empresa Sur Finanzas PSP S.A. y en sociedades asociadas, presuntas proveedoras financieras de distintos clubes. De acuerdo con la presentación judicial, estas firmas habrían concentrado funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos, conformando un esquema que habría permitido una “opacidad sistémica” para el reciclaje de fondos de origen presuntamente ilícito.

En ese circuito, la AFA aparece mencionada como deudor cedido en operaciones de cesión de derechos de cobro, especialmente los relacionados con la televisación. Ese mecanismo habría posibilitado que fondos institucionales fueran depositados directamente en cuentas de las sociedades investigadas.

Ramificaciones en Estados Unidos

El dictamen incorpora también una nueva línea de investigación en Estados Unidos. Según los fiscales, existen indicios de que parte de los fondos habría sido desviada hacia ese país a través de TourProdEnter LLC, con posterior redistribución en sociedades radicadas en Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Por ese motivo se solicitó profundizar la investigación sobre Faroni y su esposa.

Además, se pidió indagar a cuatro personas que figuran como administradores de firmas vinculadas en EE.UU.: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice. La fiscalía sostiene que sus perfiles económicos no son compatibles con el volumen de operaciones, lo que podría indicar la utilización de prestanombres.

La causa permanece en etapa de instrucción y las medidas solicitadas buscan reconstruir el recorrido de los fondos y determinar posibles responsabilidades penales.