El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada

Hasta hace pocas semanas estuvo activa la llamada “banda del millón”, una temible organización criminal que golpeaba con saña y hasta torturaba a sus víctimas en asaltos a casas de la zona norte del Conurbano. Le adjudican dos asesinatos entre el 15 de agosto y el 30 de octubre pasados y tener marcados 171 objetivos en Vicente López, San Isidro y San Fernando, según surgió al peritar el teléfono celular que le secuestraron a uno de los líderes del grupo, Hugo Castillo San Martín. ¿Lo encontraron en su casa? No, en una celda de la Unidad 9 de La Plata, donde estaba preso desde hace rato.

“Desde su lugar de encierro, compulsa reiteradamente la página Google en su función Street View y Maps, desde donde realiza las marcaciones de domicilios, indicando además la forma de irrumpir en los mismos y obteniendo datos de sus ocupantes a través de las páginas Telexplorer y Nosis. Además, se constató que mientras realiza ello mantiene videollamadas con sujetos [sic] cuya identidad por el momento se desconoce”, se desprende de la causa.

La justicia entiende que otros dos cabecillas de la banda hacían lo mismo desde sus respectivos lugares de detención, igual que tantos presos especializados en modalidades distintas: extorsiones, estafas, narcotráfico, tráfico de imágenes de abuso infantil y un largo etcétera.

El terreno más complicado para esta problemática es la provincia de Buenos Aires, la única que mantiene vigente ese derecho a partir de la normativa que dictó el juez de Casación Víctor Violini en plena pandemia 2020. Entonces tenía sentido, ya que la telefonía celular era la única vía de comunicación posible entre los detenidos y sus familias y abogados. Restituido el régimen habitual, ¿para qué conservar esa conexión con el afuera?

Fuentes oficiales y de distintos ámbitos penales argumentan que la incorporación de la telefonía móvil y el uso de internet en las cárceles redujo notablemente los episodios de violencia intramuros, mejoró el acceso a la salud y limitó los incidentes de abusos institucionales, entre otros beneficios. Pero hay también muchas voces en contra, sobre todo desde la viralización de contenido que los propios reclusos suben a sus cuentas en redes sociales.

NÚMEROS

Según números oficiales, en la Provincia de Buenos Aires hay 57.500 personas detenidas, distribuidas en 54 cárceles, 4 alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y 1 unidad de tránsito. De ese total, 48.963 tienen celulares registrados, es decir, poco más del 85%.

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Todas las personas que caen detenidas en una unidad penitenciaria de la Provincia pueden ingresar con dispositivos de comunicación propios sin pedir autorización judicial, asumiendo todos los costos que genere cada número de teléfono. En los penales no hay red de wi-fi para los internos, quienes tampoco pueden hacer un uso indiscriminado de redes sociales, aclararon distintos voceros. De hecho, el Servicio Penitenciario dispone de un área que las “patrulla” en busca de posteos o acciones indebidas. De detectarlas, se identifica al usuario, se requisa su celda y se le secuestra el móvil.

“Desde junio de 2022 a la fecha se incautaron 6.927 celulares por mal uso en las cárceles bonaerenses”, detallaron, “345 por causas judiciales (0,70%) y el resto por uso de redes sociales no permitidas en el protocolo”.

El permiso de uso de estos dispositivos aplicaba únicamente para WhatsApp, aunque desde todos los ámbitos admiten que es imposible un control efectivo de ello.

“EQUILIBRIO”

Flavio Gliemmo es un abogado penalista platense que tiene una mirada de equilibrio en torno a este tema. “En el siglo XXI no me parece mal que los detenidos tengan un teléfono, pero su uso tiene que ser limitado y controlado. No pueden llamar a quien se les ocurra, cada vez que tengan ganas”, argumenta.

Según su criterio, el dispositivo de un recluso debería tener acceso a no más de cuatro o cinco contactos: familiares directos y su abogado. Y con límite horario.

“No pueden estar hablando 24/7 ni usarlos como los usan, para cometer delitos”, opina, convencido de que las limitaciones son posibles aunque ciertamente difíciles de implementar, por lo que sería necesario que personas especializadas las estudien a fondo.

De lo que no tiene dudas es que “si hoy sacan los teléfonos se arma un motín que no termina más, porque es muy difícil cortar de raíz algo que ya está habilitado”.

Lo que sugiere Gliemmo es analizar otros sistemas penitenciarios nacionales y extranjeros. Pone como ejemplo el de Formosa, que él conoce por tener a un cliente alojado en un penal de esa provincia: “Yo me comunico con él llamándolo a un teléfono que tiene sólo para esa modalidad. No puede llamar”, explica. El penalista está totalmente en contra de que los internos usen redes sociales.

“Es una herramienta fundamental que en estos tiempos no se puede prohibir del todo, porque las cárceles no son para castigo sino para resocializar. Pero no podés hacer de eso algo ilimitado. No puede llamar el preso al jefe de la banda”, sostiene.

“UN DERECHO”

Macarena Fernández Hofmann es coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Entiende que, en términos normativos, el uso de los celulares en cárceles “es un derecho a la comunicación reconocido por distintos instrumentos legales internacionales, lo mismo que el contacto con el afuera, con el entorno vincular de la persona detenida y la expresión”. Por eso, argumenta, prohibir su uso chocaría de frente contra todos estos derechos.

A este punto le suma “el escenario social actual y su mirada de la cárcel como depósito, la idea de que cada vez más gente tiene que estar presa, y que ese castigo no debe ser solamente la privación de la libertad. Debe haber un plus que se representa de distintas formas, como falta de acceso a la salud, a la alimentación, restricciones a las visitas y muy malas condiciones”, detalla Macarena. Resume esa visión en la postura del que “se pudran en la cárcel”.

“Pero la verdad es que la cárcel no está en Marte, está acá. Es parte de la sociedad, ya que el adentro y el afuera están en contacto constante”, sostiene.

Para la representante del CELS, el uso regular de los dispositivos en los penales ayuda a la reinserción de los detenidos una vez que recuperan la libertad, lo que ayuda -dice- a que no reincidan en el delito.

Asegura también que la Provincia los mantiene legales porque “lograron bajar muchísimo los niveles de violencia, ya que (la población) están en contacto con su familia, sus abogados y lo que sucede afuera”, aunque admite que hay que distinguir entre la prohibición y la regulación.

“Al no ser ilegales -argumenta Fernández Hofmann- podés saber quiénes tienen y limitar lo que se puede usar y lo que no, mientras que estando prohibidos, igual circulan por el mercado ilegal ligado con la corrupción en el sistema penitenciario”.

Entre los beneficios de este permiso, menciona su utilización para actividades de estudio intramuros, el contacto con sus abogados, la posibilidad de denunciar situaciones de violencia o abusos institucionales y el acceso a la salud.

“Este es uno de los problemas principales en las cárceles”, reconoce Macarena. Con celulares “pueden hacer videollamadas médicas y que la familia les lleve el medicamento, algo que antes era muy difícil”.

Consultada sobre el uso cada vez más extendido de redes sociales por parte de los presos, algunos con muchísimos seguidores y contenido viral, admite que “puede ser complicado”, aunque rescata las implicancias del acceso a ese material.

“Es interesante porque cuentan cosas de su cotidiano, lo que humaniza la cárcel y rompe con estigmas o imaginarios que provienen muchas veces de ficciones como Tumberos o Desde el Barro, que muestran realidades lejanas”.

En definitiva, desde el CELS avalan el acceso a los dispositivos móviles como derecho, con una regulación clara, que permita el control, el buen uso y que “se pueda sostener en el tiempo”.

“ABUSO DE DERECHO”

El abogado Gastón Francone está parado en la vereda opuesta. Cree que la “hiperconectividad de las cárceles no da resultado. Fue impuesta a partir de la pandemia porque las personas no podían visitar a sus familiares presos y se perdía el contacto absoluto, pero ahora hay doble contacto, personal y virtual, y es un beneficio que no está dentro del sistema”. Es que la Ley de Ejecución Penal data de mucho antes de que alguien imaginara siquiera la existencia de un teléfono móvil.

“Antes, la conexión intramuros hacia el afuera era exclusivamente por teléfono público, con fichas y por tiempo limitado. Ahora hay detenidos que están online con el proceso judicial, amenazan testigos, tienen empresas delictivas dentro de un establecimiento carcelario”, dice.

Para el abogado Francone, la decisión de mantener este régimen en las cárceles bonaerenses es política: “El oficialismo gana con el 98 por ciento de los votos en los sistemas carcelarios. El batallón militante, los torneos de fútbol, las salidas transitorias, y otras cuestiones vinculadas al servicio penitenciario, son beneficios que tienen un rédito político”.

Por eso, remarca, “el contacto con los familiares es un derecho constitucional, pero tiene que tener ciertas limitaciones para que no se transforme en un abuso de derecho”.

Confirma Francone que esta habilitación solo rige en la provincia de Buenos Aires. “En el resto del país y en las cárceles federales funciona el sistema penitenciario de siempre”.