Efectivos en la mira por “abusar” de los detenidos

Una impactante denuncia sacudió en las últimas horas la cúpula policial de la Región. A través de una resolución de la Justicia, se ordenó la inmediata detención de la subcomisaría Adriana Cecilia Ponce y el sargento Leandro Ignacio Altamiranda, de la Comisaría de Punta Lara, acusados por el delito de tortura contra presos de dicha dependencia policial.

De acuerdo a lo revelado por fuentes del caso, la investigación fue iniciada a partir de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8. La causa es del año pasado y se originó por un motín en la seccional del camino Almirante Brown, en Punta Lara, donde hubo quema de colchones.

En este sentido y según se desprende de la causa, los agentes que están bajo sospecha habrían incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, además de falsificación o adulteración ideológica de documentos oficiales.

Tras la orden judicial, Ponce y Altamiranda quedaron detenidos y se comparecieron en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3, donde se llevará adelante la primera audiencia del proceso. Ambos quedaron a disposición del Titular del Juzgado de Garantías Nº2 Departamental, a cargo del Dr. Eduardo Silva Pelossi, hasta tanto resuelva la situación procesal de los implicados en el hecho.

En 2019, la CPM ya había denunciado un caso de violencia institucional en la Comisaría de Punta Lara, a partir de que un detenido habría sido obligado a desnudarse, golpeado y forzado a realizar ejercicios físicos bajo amenazas de abuso sexual.

“Solicitamos que se investiguen los hechos de violencia en perjuicio de las personas alojadas en la Comisaría Seccional Segunda de Ensenada, sita en avenida Almirante Brown intersección con calle 94 de la localidad de Punta Lara”, había sido el pedido de las autoridades de la CPM.

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Al respecto, la Comisión manifestó su preocupación por estos hechos y señaló “la necesidad de un seguimiento estricto de las condiciones de detención en el ámbito policial, a fin de evitar situaciones de violencia y garantizar el respeto por los derechos humanos”.

Gas pimienta

Según la denuncia formulada por la Comisión Provincial por la Memoria en octubre del 2024, el incendio en la puerta del calabozo “fue a modo de protesta” por parte de los detenidos.

Lo cierto es que mencionan que los efectivos “allí les tiran gas pimienta por una ventana que tiene el sector de sanitarios del calabozo y las personas comienzan a ahogarse, sin poder respirar. Identifican a su vez la presencia de un humo constante, además del gas pimienta, que no los dejaba respirar”. Todo esto fue tenido en cuenta en la actual resolución de la Justicia.