El ABC de la elección judicial en México, que es una rareza en el mundo

México se convertirá mañana en el primer país en elegir a todos sus jueces por voto popular, un ejercicio que según el gobierno saneará un poder corrompido, pero que sus críticos ven como un torpedo a la independencia de poderes.

La elección es fruto de una reforma constitucional que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y que respalda su sucesora y copartidaria, Claudia Sheinbaum.

Ambos dirigentes de izquierda denuncian que el poder judicial -que ha bloqueado varios proyectos del exmandatario- está al servicio de las élites y plagado de corrupción.

La oposición, que ha llamado a no votar pero está muy debilitada, y miembros del Poder Judicial señalan que estos comicios abren la puerta para que políticos y criminales controlen a los jueces.

El caso más parecido al de México es el de Bolivia, donde los miembros de las altas cortes son elegidos por voto popular. Algunos estados de Estados Unidos y Suiza también eligen a sus jueces locales.

A continuación, lo que está en juego en este país federado, con una impunidad del 94%.

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¿QUÉ SE ELIGE?

Serán escogidos 881 cargos federales -incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte- y 1800 locales.

Dentro de los federales se cuentan 17 magistrados del Tribunal Electoral y cinco del recién creado Tribunal de Disciplina, que vigilará la conducta de los jueces y podrá sancionarlos.

También están en disputa 386 cargos para jueces de distrito, que a nivel federal resuelven casos penales y juicios de amparo, entre otros.

Además, serán electos 464 magistrados de circuito (segunda instancia). Los restantes 4.000 jueces serán votados en 2027.

¿En qué se diferencian de otros comicios?

A diferencia de las elecciones tradicionales, en estas no participan partidos políticos, por lo que no podían promover o apoyar candidaturas públicamente.

Sin embargo, varios candidatos, especialmente a la Suprema Corte, han sido identificados como afines al oficialismo o a la oposición.

Los aspirantes debían financiar sus propias campañas, pues no podían recibir fondos públicos o privados. Muchos apelaron a las redes sociales.

Su selección estuvo a cargo de comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los elegidos tendrán un período de nueve años y podrán buscar la reelección. Deben ser abogados, haber tenido calificación promedio de ocho en su formación universitaria, contar con “buena reputación” y no haber sido condenados a prisión.

¿POR QUÉ HAY POLARIZACIÓN?

El oficialismo denuncia que el poder judicial está corroído por la impunidad, la corrupción y el nepotismo, y acusa a algunos jueces de favorecer a delincuentes de alto perfil.

Según cifras oficiales, en 2023 las fiscalías estatales abrieron 27.957 causas por homicidio doloso, pero solo 16,2% llegaron al juez. Ese año, a nivel estatal, 38% de las causas penales fueron resueltas.

La oposición y algunos juristas acusan que la elección consolidará un “régimen autoritario” por parte del partido gobernante Morena, que además del Ejecutivo controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones.

“Lejos de la democratización del país, estamos avanzando hacia un gobierno autoritario”, dijo el exmagistrado Carlos Soto.

Los mexicanos “no estarán votando por personas formadas por la experiencia y rigurosos esquemas de selección (...), sino por personas preseleccionadas y apoyadas por Morena, el gobierno y el crimen organizado”, denunció la asociación JUFED, que agremia a decenas de jueces y magistrados.

La oenegé Defensorxs publicó una lista de una veintena de aspirantes “riesgosos”, en la que figuran dos exabogados de narcotraficantes y un exconvicto por contrabando de drogas a Estados Unidos.

La Suprema Corte fue la piedra en el zapato del popular López Obrador, al bloquearle reformas como la que ampliaba la participación estatal en el sector energético y otra que involucraba a los militares en la seguridad ciudadana.

¿QUÉ OTROS RIESGOS HAY?

La JUFED asegura que la elección pone en riesgo los derechos tanto de “minorías” como de actores económicos, al quedar a merced de jueces que podrían actuar por “lealtades” a un partido o a sus promotores.