El desafío de remontar una economía en terapia intensiva

El próximo presidente de Bolivia tendrá que tomar las riendas de un país con persistentes problemas como la falta de dólares, la escasez de combustibles, el bajo crecimiento y una inflación acumulada de 16,92 % que, para algunos analistas, son indicadores de una importante crisis con base en el agotamiento del modelo defendido por el actual mandatario de izquierda Luis Arce. Lo que se conoce como “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” entró en vigencia en Bolivia cuando Arce se desempeñó como ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019), con un fuerte protagonismo estatal. Una de las promesas electorales de Arce en las elecciones de 2020 fue recuperar la economía boliviana que ese año, en que el mundo se paralizó por la pandemia de Covid-19, cayó 8,74%, tras reportar crecimientos sostenidos en distintas proporciones desde 1987.

En 2021, el PBI de Bolivia aumentó 6,11% y en los años siguientes también reportó crecimientos, aunque menores, hasta que en 2024 el indicador llegó a 0,73%. El gobierno actual atribuye la baja a los conflictos sociales, sobre todo los protagonizados por los seguidores de Morales, que está distanciado del Ejecutivo.

Además, desde principios de 2023 Bolivia afronta una persistente falta de divisas que coincidió con el reporte de que las reservas internacionales netas (RIN) del país llegaron a 3.148 millones de dólares, frente al récord histórico de 15.122 millones registrado en 2014. En el primer semestre de este año, las reservas llegaron a 2.807 millones de dólares, según el Banco Central de Bolivia (BCB). Por otra parte, en el último año se hizo costumbre ver largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, mientras que la inflación acumulada entre enero y julio fue de 16,92%, por encima de la proyección oficial de 7,5 % para todo 2025.

El país afronta, además, una alta informalidad laboral, lo que deriva en una baja recaudación que, ante un gasto público elevado, provoca un déficit fiscal crónico, a lo que se suman la baja inversión privada y la alta deuda interna y externa, indican expertos. Hasta el pasado 30 de junio, la deuda pública externa era de 13.805,6 millones de dólares que equivalen al 25% del PBI, un indicador “inferior al umbral referencial establecido” por organismos internacionales, según el BCB.