Transferencias a Provincias: poca zanahoria y mucho palo

Universidad del Este (UDE)

Argentina es un país federal, pero con el poder considerablemente concentrado en el Gobierno Nacional. Esta ha sido la razón por la cual a lo largo de la historia diversos signos políticos han utilizado los recursos que el Tesoro Nacional envía a las provincias como una herramienta política para construir alianzas y castigar opositores. Esto se ha profundizado en los últimos dos años.

El caso del Gobierno de La Libertad Avanza es particular en este aspecto, dado que asumió el poder sin ningún gobernador de su propio partido y con una representación propia muy reducida en el Poder Legislativo, y a la vez porque emprendió un ajuste fiscal profundo e inmediato, cuyos principales puntos de ajustes fueron las jubilaciones, la obra pública y las transferencias a las provincias, al menos en la primera etapa.

Desde entonces, el Gobierno ha hecho un uso muy importante de las transferencias discrecionales como mecanismo de negociación, logrando aliados que le aprobaran numerosas leyes críticas en el Gobierno, o al menos lo ayudaran a sostener el veto a algunas leyes, como sucedió recientemente con la Ley de aumento a las Jubilaciones.

Para poder evaluar de manera fehaciente la hipótesis de una orientación política en la dirección de las transferencias, dividimos a los Gobiernos provinciales en tres grupos: afines al Gobierno (grupo 1), neutrales (grupo 2) y opositores netos (grupo 3).

Dentro del primer grupo incluimos aquellos oficialismos que han construido listas de conjunto con La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este año, como son los casos de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Mendoza y Entre Ríos o bien que han dado apoyo en votaciones clave como la Ley Bases o la movilidad jubilatoria, como es el caso de Tucumán, Misiones, Jujuy, Salta y Catamarca.

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En el extremo opuesto, definimos como opositores netos a los gobiernos provinciales que no han apoyado las leyes críticas del Gobierno y que mantienen un discurso opositor visible, como son los casos de la provincia de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego, mayoritariamente de extracción peronista.

En el grupo 2 (neutrales) se ubican el resto de los Gobiernos provinciales, que han apoyado ocasionalmente al Gobierno Nacional en votaciones del Congreso o son poco beligerantes discursivamente. Los casos son Santa Fe, Córdoba, San Juan, San Luis, Corrientes, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

Los Gobernadores opositores han debido soportar el peso de un ajuste casi total

A continuación, analizamos el gasto en transferencias discrecionales per cápita para cada provincia (acumulado 2025). En el mismo podemos observar claramente un beneficio favorable al grupo 1 (afines al Gobierno) con transferencias per cápita promedio de $49.836, fuertemente influenciados por el alto valor de la Ciudad de Buenos Aires ($299.778). En el grupo de neutrales, el promedio desciende casi un 60% hasta los $21.534, mientras que finalmente en el grupo de opositores las transferencias per capital alcanzan apenas los $16.841 mostrando el claro perjuicio en contra de estas cinco provincias, siendo La Pampa el valor inferior de toda la serie con $5.130.

Esta discrecionalidad direccionada no solamente se expresa en el nivel absoluto, sino también en la variación relativa. Cuando comparamos la caída en términos reales de las transferencias respecto a 2023 (tomando enero a agosto), vemos que entre las provincias “afines” la caída fue del -32%, mientras que entre las provincias neutrales el ajuste alcanza el -74% y en las opositoras el -90%, siendo la más perjudicada nuevamente La Pampa con una caída de sus transferencias del -96%.

En síntesis, los datos respaldan que el Gobierno implementa con profundidad una estrategia de “zanahoria y palo”, de forma que aquellas provincias que apoyaron sus iniciativas en el Congreso o se aliaron políticamente ha sido mucho menos alcanzadas por el ajuste fiscal respecto a las provincias que mantuvieron su independencia, mientras que los Gobernadores opositores han debido soportar el peso de un ajuste casi total en los recursos que reciben.