Luego de la modificación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, el Gobierno aclaró que “no hay ningún impedimento” para que empresas argentinas que estén involucradas en casos de corrupción puedan ser contratistas del estado.
La duda se generó cuando la Casa Rosada amplió la exclusión en la contratación pública de empresas que estén vinculadas con casos de corrupción y restringió a aquellas que tengan conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas, entre otras.
“No hay ningún impedimento”, señalaron fuentes de Casa Rosada y detallaron que quedan excluidas las sancionadas por organismos de crédito internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el marco de las licitaciones para los corredores viales de las rutas 12 y 14 de la llamada “Ruta del Mercosur”, hay empresas relacionadas con la investigación de Cuadernos, como Autovía Construcciones, del grupo José Cartellone. Se trata del Tramo Conexión, que abarca el puente Rosario-Victoria, que tendrá un nuevo peaje.
La medida del Gobierno fue publicado este martes en el Boletín Oficial. De esta manera, las firmas que estén asociadas a dichos comportamientos por parte del Banco Mundial o el BID no podrán participar en procedimientos de contrataciones o concesiones de obras públicas, ni en provisión de bienes y/o servicios que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional.
La decisión busca fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas, al reconocer que la normativa anterior presentaba “impedimentos operativos” para su correcta aplicación.
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