La justicia británica apura por el cupón PBI

La Justicia del Reino Unido volvió a presionar a la Argentina para que cumpla con una sentencia firme que la obliga a pagar cerca de U$S1.500 millones a los tenedores del Cupón PBI en euros. El fallo, dictado en Londres en junio de 2024, ya no admite apelaciones y habilita a los acreedores a avanzar con medidas para cobrar la deuda, incluidos posibles embargos sobre activos del Estado en el exterior.

El caso se originó a partir del cambio metodológico que aplicó el Indec en 2013 para calcular el crecimiento económico. Con esa modificación, el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner informó una expansión anual de 3,2%, apenas por debajo del umbral de 3,3% que activaba el pago de intereses de los cupones atados al PBI. Esa decisión evitó desembolsos millonarios, pero abrió una serie de litigios en tribunales extranjeros.

A diferencia de la versión en dólares del Cupón PBI, que todavía se discute en Estados Unidos, la causa en euros ya cuenta con sentencia definitiva. El monto original rondaba los 1.300 millones de euros y fue incrementándose por la acumulación de intereses. La Argentina sólo pagó unos U$S300 millones, correspondientes a la garantía exigida para intentar apelar el fallo, recurso que finalmente fue rechazado.

Ante la falta de pago, los beneficiarios de la sentencia solicitaron a la Justicia británica avanzar con el proceso de discovery, el mecanismo que permite identificar bienes y derechos susceptibles de embargo. En ese marco, la corte londinense ordenó al país que, en un plazo de siete días, entregue información detallada sobre cuentas bancarias y financieras en el exterior, deudas superiores al millón de dólares a favor del Estado y contratos vinculados con concesiones energéticas y de exploración offshore firmados con contrapartes extranjeras.

El requerimiento incluye acuerdos recientes en el sector petrolero y energético, además de adjudicaciones de infraestructura realizadas en el último año y medio. Según especialistas, el objetivo es detectar cualquier flujo de fondos o activo que pueda ser alcanzado para ejecutar la sentencia. “Buscan embargar cualquier tipo de beneficio que tenga la Argentina por la falta de pago de este fallo en el Reino Unido”, explicó el analista Sebastián Maril.

Fuentes oficiales señalaron que el Gobierno ya venía aportando documentación en el marco del discovery y que incluso acordó compartir con los demandantes la misma información presentada ante tribunales estadounidenses en causas similares. Sin embargo, los acreedores reclamaron datos adicionales, lo que motivó la nueva orden judicial.

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El litigio por el Cupón PBI se convirtió en uno de los más relevantes para el país por su impacto potencial sobre las cuentas públicas y la estrategia financiera.