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Otra polémica detrás de la “mudanza” de la AFA a Pilar

28 de Febrero de 2026 | 01:38
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La mudanza de la sede social de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la localidad bonaerense de Pilar quedó envuelta en una polémica administrativa por la numeración consignada en la documentación oficial.

Según informó la Inspección General de Justicia (IGJ), la dirección declarada —Mercedes 1366— presenta una inconsistencia vinculada a la disposición de los números sobre esa calle. De acuerdo con la verificación realizada por el organismo, en sentido ascendente la numeración par se encuentra sobre la mano izquierda y la impar sobre la derecha, lo que no coincidiría con el domicilio informado por la entidad.

En la resolución difundida, la IGJ señaló que tras recorrer el lugar y consultar a vecinos se constató que hasta la numeración 900 del lado par existen viviendas, y que la disposición de los números no se ajusta a lo declarado por la AFA.

“La mudanza no tiene validez”

El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, sostuvo que el traslado no puede considerarse válido mientras persista la inconsistencia en la identificación del domicilio. Además, cuestionó que la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires haya aceptado el cambio sin especificar con precisión la dirección.

Para el organismo nacional, el error en la numeración no es un detalle menor, ya que el domicilio legal constituye un elemento central en la identificación formal de una asociación civil. En consecuencia, la IGJ reiteró que, desde el punto de vista jurídico, la sede social de la AFA continúa siendo la histórica dirección de Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires.

Un punto clave en el conflicto institucional

La controversia por la numeración se da en el marco de un enfrentamiento más amplio entre la conducción de la AFA y la IGJ. No obstante, desde el organismo de control remarcaron que la observación sobre la dirección es un requisito básico de legalidad administrativa.

Mientras la entidad avanza con obras en el predio de Pilar, la IGJ insiste en que cualquier traslado debe cumplir estrictamente con las formalidades exigidas por la normativa vigente, comenzando por la correcta consignación del domicilio social.

 

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